El Boletín Oficial del Estado del 5 de julio publicó el
Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, ese macro decreto que ha sido contestado por todos los grupos parlamentarios, excepto, naturalmente, el PP, pues de golpe y porrazo, mediante un auténtico
decretazo, se modifican nada menos que 30 leyes y afecta a 8 proyectos de ley, implicando a nueve ministerios.
Ausente Mariano Rajoy del parlamento, ha sido Soraya Sáenz de Santamaría quien ha defendido la urgencia de las medidas, justificándolas en la necesidad de asegurar la recuperación económica, dando a entender que todas las medidas adoptadas por decreto y sin escuchar a los otros grupos parlamentarios, son imprescindibles para enderezar la economía española. Pero,
leyendo el BOE, da la impresión de que no es así.
El decretazo ocupa 172 páginas, y se distribuye en 124 artículos, 25 disposiciones adicionales, 11 transitorias, 5 finales y 11 anexos y trata de aspectos tan variados como la cancelación de las operaciones de préstamo a entidades locales para pago de proveedores, medidas que afectan a las PYMES, al tráfico aéreo e instalaciones aeroportuarias, a puertos e infraestructuras portuarias, sobre el cambio y ampliaciones de horarios comerciales, medidas sobre comercio exterior, sobre uso e intereses de las tarjetas de crédito, sobre energía, especialmente el gas, pero también hidrocarburos y minas, sobre regulación de las empresas de empleo temporal, sobre planes de empleo y ocupación, especialmente dedicadas a los más jóvenes, con medidas muy discutibles, y, posiblemente como consecuencia de ello, sobre cambios en el Estatuto de los Trabajadores, adopta nuevas medidas fiscales sobre el IRPF, los impuestos de sociedades, de la renta de los no residentes y del patrimonio, medidas sobre el sector ferroviario, ayudas a los damnificados del terremoto de Lorca, el plan director de navegación aérea, además de regular cosas tan urgentes para la recuperación económica como la declaración de zonas de afluencia turística -por cierto, en la provincia, Jerez- la ley del cine, la carrera militar, el 120 aniversario de la primera exposición de Picasso, o que a partir de ahora el Registro Civil dependerá de los registradores de la propiedad y lo mercantil...
De todos los gobiernos de la democracia, el actual, con Rajoy a la cabeza, ha sido el que más veces ha recurrido al decreto-ley para legislar, lo ha hecho en 56 ocasiones, de las cuales 40 lo ha hecho por la vía de urgencia; supone que más del 42% de lo legislado desde que gobierna Rajoy se ha hecho sin debate parlamentario previo.
Rajoy y el PP han criticado mucho el talante poco democrático, casi autoritario -dicen- de Chávez (y Maduro), Correa o Morales, pero viendo los números, no les van a la zaga.