Queda claro, entonces, que crear comisiones de investigación es absolutamente legal. Pero una comisión de investigación debe servir para indagar, objetivamente, sobre algo o sobre conductas sopechosas, de lo que se deduce que solo después de realizar la investigación se pueden sacar conclusiones. Pero no es eso lo que hace el Partido Popular con las comisiones de investigación que forma en el Senado. Y las pruebas me remito.
La pregunta es, si Alicia García y el PP conocen ya los resultados de la investigación, ¿para qué crean la comisión de investigación?, que manden lo que saben a la fiscalía y que desde allí decidan cómo actuar.
Lo que extraña es que, con todo lo que saben, en el PP no recuerden que hay una sentencia del Tribunal Constitucional, de junio de 2023 (STC 77/2023), que dice que las comisiones de investigación no pueden saltarse el principio elemental de la presunción de inocencia, que no pueden culpar a los comparecientes sin que exista una setencia judicial, y, lo que es más importante, que no es competencia de las cámaras legislativas imputar a nadie la autoría de ilegalidades. Al respecto la sentencia dice: "a las Cámaras, en el ejercicio de su actividad investigadora, ni les corresponde efectuar una calificación jurídica de los hechos investigados, ni llevar a cabo imputaciones o determinaciones personales sobre la autoría de comportamientos ilícitos".
Pero al PP todo eso le da igual. Han desvirtuado la esencia de la comisión de investigación del Senado, la han puesto al servicio de su partido y seguirán haciéndolo para señalar al adversario, sin importarle el deterioro de la institución y de la democracia.






