En el
terrorífico accidente de Urda lo más importante son las personas, las víctimas
y sus familiares sumidos en la tragedia, es lo que debemos tener claro, como lo
tuvieron todos los que se volcaron para intentar ayudar a los accidentados. Y,
en segundo lugar, tratar de saber, de comprender, qué ha pasado, qué falló, la
causa de la catástrofe, para corregir errores. Y aquí se está produciendo un
segundo fallo.
Si el
primer fallo es irreparable -la pérdida de vidas humanas-, el segundo habría
que corregirlo. Me parece que la presión social está condicionando la
investigación de las causas del accidente, provocando el error de adelantar
información poco verificada -ahí está la errática primera comparecencia de
Óscar Puente-, obviando que la discreción es esencial para llegar a conocer con
certeza qué pasó.
El período
preelectoral influye, y mucho, de ahí que se lancen dardos, que se señalen
responsabilidades humanas y técnicas con cierta simpleza, lo que no evita su
parte, quizás inconsciente, de perversidad. Salvo cuando se imprime un matiz
político al asunto, en esos casos la perversidad es tan evidente, como que se
olvida u oculta información.
Cuando se denuncia
la falta de inversión en las infraestructuras ferroviarias, no estaría de más
echar una vista atrás. Si es cierto que la falta de presentación de unos
presupuestos del estado, como ha pasado con el gobierno de Sánchez en los
últimos años, influye en la inversión en mantenimiento de las infraestructuras,
también lo es que los gobiernos de coalición mejoraron y aumentaron esas
inversiones, respecto al gobierno precedente. Los datos son de ADIF, son
fáciles de consultar: en el año 2011 el presupuesto de mantenimiento de las
infraestructuras ferroviarias fue de cinco mil quinientos ochenta y cinco
millones de euros (5.585.000.000€); la cifra comenzó a bajar en 2012, quedando
en el año 2017 en un 46% menos, 2.469.000.000€. A partir de 2019 la tendencia
cambió de signo, comenzó a subir hasta duplicar la inversión, que en 2025 fue
de 5.816.000.000€, una cantidad que puede ser insuficiente, pero los datos y
los nombres de los gobernantes están ahí.
Por otra
parte, es indudable que hay que asumir responsabilidades, técnicas -Adif- y
políticas. Lo exige la sociedad, lo exigen las víctimas, pues, como se ha
dicho, no es asumible lo que ha ocurrido en Adamuz y en Urda. Y lo piden los
partidos políticos, dispuestos a sacar réditos de la catástrofe. Y aunque esa
actitud partidista sea rechazable, no es excusa para que el gobierno y el
ministro asuman su responsabilidad, aunque solo sea para demostrar un talante
que no tuvieron los responsables políticos en casos como el Yak42, Madrid
Arena, el accidente del metro de Valencia, el de Angrois, el caso Sovaldi, las
muertes de ancianos en las residencias de Madrid o la dana de Valencia.
Publicado en Diario de Cádiz, 31/10/2026.
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