Como tantos otros que opinan -sobre todo los de las tertulias televisivas-, no soy un experto constitucionalista, pero de la decisión del Tribunal Constitucional adoptada ayer me sorprenden varias cosas. La primera, que el poder judicial trate de imponerse al legislativo.
La soberanía nacional reside en el pueblo español, y de él, del pueblo, emanan los podres del estado (art. 1, Constitución de 1978). Y el poder que mejor representa al pueblo es el legislativo: "Las Cortes Generales representan al pueblo español...", y son las encargadas de elaborar las leyes en su nombre (art. 66, C. 1978). Es, por lo tanto, el poder que debe primar, ninguno puede estar por encima del legislativo.
También me sorprende, y mucho, el papel que está teniendo el propio Tribunal Constitucional en este proceso. La Constitución regula su funcionamiento, la de un tribunal que debe ser garante del cumplimiento del orden constitucional, por lo que la mayor sorpresa es el incumplimiento normativo del propio Tribunal.
El artículo 159 dice que deben ser 12 miembros, pero en la actualidad solo hay 11, tras la dimisión de un miembro hace unos meses. En cualquier caso, el TC no cumple lo establecido en la Constitución.
Y ese mismo artículo establece un período de nueve años como miembros del TC, por lo que en este momento tres magistrados no deberían estar en el tribunal: Pedro González Trevijano (presidente), Juan Antonio Xiol (vicepresidente) y Santiago Martínez Vares, ya que son miembros del TC desde el 12 de junio de 2013.
Pero, además de que el art. 117 de la Constitución dice que la justicia debe ser independiente, por lo tanto, no partidista, lo más importante es que parece que el TC no cumple con lo regulado sobre sus funciones.
El art. 161 dice que el TC es competente para conocer el "recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley", es decir, debe tomar decisiones sobre leyes y disposiciones aprobadas por las Cortes, revisando si se atienen a la Constitución. Sin embrago, la decisión adoptada ayer no es sobre ninguna ley, ni normativa con fuerza de ley, lo que el TC ha hecho es impedir que el legislativo cumpla con su función. Me parece insólito.
Otra cosa es que pensemos que el gobierno estaba haciendo una chapuza legislativa, pero la intromisión del poder judicial en la labor del legislativo es, repito, algo insólito e incomprensible. ¿Qué pensarán democracias más consolidadas en el tiempo, de lo que está ocurriendo en España?