Rajoy actor

Rebajas de Semana Santa

Especial para cargadores, en la calle Sagasta

¿No hay otro sitio?

¿Es que no hay otro sitio para anunciar el hotel? Creo que el lugar escogido convendría haberlo respetado.

Ministro de integridad religiosa

Dice la Constitución española, la de 1978, en su artículo 16, punto 3, "Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones".

Parece que el actual ministro del Interior desconoce lo que dice la Constitución, aunque no es excusa para que inmediatamente lo cesen, pues como establece el dicho, el desconocimiento de la ley, no es excusa para su cumplimiento, y en el caso de un ministro, no hay excusa posible.

Fernández Díaz ha afirmado que que "las vigentes leyes educativas no respetan los acuerdos Iglesia-Estado en cuanto a la asignatura de religión y que, por eso, entre otras cosas, se está elaborando una reforma". 

Sorprendente que un ministro anteponga un acuerdo bilateral a la Constitución. Pero es lo que tenemos con estos visionarios del PP, que se pasan la Constitución y  los derechos ciudadanos por el arco del triunfo.

Y a Fernández Díaz que lo nombren Ministro de Integridad Religiosa.    

Derechos torcidos

LAS denuncias y protestas por una actuación de la policía local de Cádiz, en los primeros minutos de la madrugada del pasado lunes 25, han marcado buena parte de la semana. Ya saben, algunos grupos traspasaron la jornada del llamado "carnaval chiquito", y después de las 24 horas seguían cantando por el centro de la ciudad. No parece que pretendieran instaurar un "lunes de coros chiquito", pero, al parecer, quejas de vecinos y de personal del servicio de limpiezas, motivó una intervención policial que, dicen, fue desmedida, incluso llegaron a denunciar a algún local de hostelería al encontrar supuestos clientes en la calle.

Los sucesos han provocado un debate ciudadano sobre la ocupación de la vía pública para fiestas y celebraciones, un debate extemporáneo ya que, en Cádiz, es habitual esa ocupación y casi nunca aparece la policía local para interrumpir la fiesta, ni para sancionar a un hostelero exigiéndole obligue a la gente a entrar en su local. Cualquier vecino de determinadas zonas del centro puede ser testigo, todos los fines de semana, de cómo hay gente bebiendo, charlando y armando jaleo en las inmediaciones de bares sin que la policía intervenga, como lo hizo en la madrugada del lunes. Y no será por llamadas de ciudadanos quejándose del ruido, que haberlas, las hay. Ocurre algo similar con los desfiles procesionales fuera de la programación oficial, que cada día abundan más, o los ensayos de aficionados a dichos desfiles, que no siempre cuentan con el permiso oficial. Pero en el debate ciudadano también se plantea qué pasaría si un vecino de la plaza del Palillero, por poner un ejemplo, denunciara las bandas de cornetas y tambores, o las dificultades para entrar y salir de su casa por el paso de las procesiones.

Pero lo malo de esta polémica es que puede ocultar el debate importante, el que debería girar sobre la aparente restricción de libertades que se percibe por la ciudadanía. Desde no hace demasiado tiempo vamos conociendo que a una chirigota, con una excusa más o menos peregrina, se le revisa el contenido de las pancartas, que quien lidera una protesta contra el paro en la ciudad recibe visitas de la policía local y es denunciado por un edil, como se denuncia a quien investiga la adjudicación de pantallas en la vía pública, o se intenta limitar la crítica a la situación de la vivienda en Cádiz … Si pudiera parecer exagerado decir que se restringen libertades, por lo menos da la impresión de que se están torciendo derechos.

Publicado en Diario de Cádiz, 2 de marzo de 2013

El PP, Bárcenas y los EREs

Con el caso Bárcenas, el PP ha convertido el de los EREs en una consigna reiterada a diario. Lo hace cotidianemente Antonio Sanz, lo hace Teófila Martínez -lo reiteró cuando en el pleno municipal se le preguntó por los 30.000€ que aparecen consignados a su nombre en la supuesta contabilidad de Bárcenas-, y lo hace cualquier cargo del PP andaluz cada vez que puede.

Sin intentar quitar importancia al fraude de los EREs, creo que hay una diferencia importante. Además de que conviene recordar que la primera denuncia surgió desde la propia Junta de Andalucía, hay que considerar que, por lo que se sabe hasta ahora, la supuesta corruptela de los EREs salpica a una serie de cargos de una consejería de la Junta. La supuesta corruptela de las cuentas de Bárcenas salpica a buena parte de la dirección del Partido Popular.

Por decirlo gráficamente, de ser ciertas las dos corruptelas, en un caso es una manzana podrida en el árbol. En el otro parece que es la raíz del árbol la que estaba podrida. 
 

Ramón Power vuelve a Puerto Rico

Cuando el 24 de septiembre de 1810 comenzaron las sesiones de Cortes de la Isla de León, solo había un diputado titular americano: Ramón Power y Giralt, diputado por la isla de Puerto Rico.

Nacido en San Juan el 27 de octubre de 1775, en 1792 ingresó en la Escuela de Guardias Marinas de Cádiz, participando en distintas batallas hasta que en 1801 pidió licencia para ocuparse de negocios familiares. A partir de 1809, conocida la invasión francesa de España, formó parte de la Junta Superior de Gobierno y, posteriormente, elegido diputado para las Cortes. En su labor como tal, presentó propuestas para el fomento de la agricultura, la potenciación de la industria y la supresión de tasas al comercio, para la creación de una Universidad, la construcción de hospitales, caminos y puertos. Formó parte de diferentes comisiones entre las que destaca la de Comercio y Marina, interviniendo en debates sobre Ultramar o la trata de esclavos. Mantuvo una dura polémica con el gobernador de Puerto Rico, al que acusó de reprimir conductas liberales y una espacial inquina contra él. Diputado prudente, al tiempo que eficaz y buen orador, era apreciado por sus compañeros, que lamentaron su muerte, el 10 de junio de 1813, contagiado por la epidemia de fiebre amarilla que asoló la ciudad.
En Cádiz quedan varios testimonios de su estancia en la ciudad. Vivió en la casa de la familia Gaona, en la calle Molino 49, en la actualidad Adolfo de Castro, donde en 2002 se colocó una placa.

Noventa años antes, en 1912, se colocó otra en la fachada de San Felipe Neri.

En 1920, en la estela del Centenario de las Cortes, se colocó un cuadro con su imagen en el actual Museo de las Cortes.

Y en 1985 se realizó un homenaje, en el que tuve el honor de participar, y se colocó un busto en la Alameda.

Hoy, 28 de febrero, con una parafernalia y protocolo adecuados, se ha procedido al traslado de los restos de Ramón Power, desde la cripta del Oratorio de San Felipe Neri al buque Juan Sebastián Elcano, donde serán transportados a Puerto Rico.  

Hace varios años el Congreso de Puerto Rico solicitó se identificaran los restos de Power, petición que posteriormente reiteró el arzobispo de San Juan de Puerto Rico al obispo de Cádiz. Como los restos estaban en la cripta del Oratorio junto con los de otros diputados, un equipo de forenses de la Universidad de Cádiz, dirigido por Miguel Ángel Vizcaya, lograron identificar con toda fiabilidad los restos, que finalmente reposarán en la Catedral de San Juan de Puerto Rico en un mausoleo dedicado a los Padres de la Patria.
El traslado lo ha realizado el Cuerpo de Voluntarios Distinguidos de Cádiz, presidiendo el Vicario episcopal, con la coordinación de Enrique García Agulló.

Teófila y las varas de medir

Me parece normal y correcto que la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, pida en un plano municipal que no se dude de su honradez y honorabilidad, hasta que haya pruebas de lo contrario, en el caso Bárcenas.

Lo que ocurre es que Teófila Martínez, como es habitual en su partido, muy frecuentemente, por no decir siempre, no utiliza la misma vara de medir con los demás, con sus oponentes políticos, a los que sin la menor afectación puede acusar de tramposos, sin hacer distinciones. Lo ha hecho muchas veces, la penúltima, cuando al hablar de la inversión de la UE para las obras de ampliación del puerto de Cádiz ha afirmado sin empacho, "los socialistas hacen siempre lo mismo: engañar a los ciudadanos". Pueden verlo aquí.

Es una generalización injusta, un cuestionamiento de la honorabilidad de todos los socialistas sin distinción y sin pruebas. Después, cuando le toca a ella, se queja.

Carnaval en La Viña, desde Córdoba

Tiene gracia, y guasa, que el Carnaval del barrio de La Viña tenga como patrocinador oficial a una bodega de Lucena, Moriles 47, de la denominación de origen Montilla-Moriles, bodega que, por cierto, también patrocina al Cádiz SAD. Es un ejemplo, clarísimo, de cómo las empresas de la provincia de Cádiz apuestan por su provincia. ¡Después se quejan algunos empresarios de que los consumidores les dan la espalda!

Decretos de las Cortes en febrero de 1813

Varios decretos y órdenes de interés publicaron las Cortes de Cádiz en febrero de 1813, entre los que cabe destacar los siguientes:

Decreto de 5 de febrero de 1813: Cómo deben informar en los estrados de las audiencias los militares letrados. 

Mediante el decreto se estableció que podían usar, indistintamente, el traje de letrado o el uniforme, incluyendo la espada.

Decreto de 10 de febrero de 1813: Derogación de las leyes que prescribían el pase del extinguido Consejo de Indias para ciertos documentos que desde la Península se remitían a Ultramar. 

Se trata de una medida para simplificar trámites administrativos relacionados con América

Decreto de 16 de febrero de 1813: Se manda cantar el Te Deum y que haya iluminaciones, etc., por las victorias del Emperador de las Rusias.

La alianza con Rusia, de la que hablamos en otra entrada, era esencial entre otras razones, por la división del ejército de Napoleón en dos frentes. A la postre, esta división provocó la derrota del francés en ambos frentes.  

Decreto de 18 de febrero de 1813: Providencias interinas sobre el restablecimiento de algunas casas religiosas permitido por el Gobierno.

Se autorizó el restablecimiento de varias órdenes -capuchinos, franciscanos, carmelitas, dominicos, etc-, en poblaciones de Andalucía, Extremadura, La Mancha y Murcia, a condición de que no estuviesen arruinados los conventos y no pidieran limosnas para reedificar conventos e iglesias, además de adoptar otras medidas sobre el número de frailes, que sólo hubiese un convento de cada instituto por pueblo, etc.   

Pero sin dudas el más importante es el Decreto número 123, de 22 de febrero de 1813. Abolición de la Inquisición; establecimiento de los  tribunales protectores de la Fe.

Ese mismo día tres decretos más, 124, 125 y 126, ordenaban que se leyera en todas las parroquias el decreto de la abolición y el manifiesto que lo explicaba; se ordenó que se quitaran de los parajes públicos y se destruyeran las representaciones de la Inquisición y las inscripciones de los castigos que imponía; se declararon nacionales los bienes del santo Oficio y se reguló el destino y salario de los individuos del tribunal.