El 25 de septiembre de 2004 comencé a colaborar con Diario de Cádiz y la primera entrega se tituló “Infravivienda y abandono”. Recupero hoy esa colaboración y, 22 años después, hay que seguir hablando de la vivienda, pues, lamentablemente, parece que los partidos políticos, sobre todo los que han estado en el gobierno, solo recuerdan del artículo 47 de la Constitución de 1978 la parte que dice, “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, y se olvidan que sigue diciendo “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho".
En los últimos días, incluso tras la muerte de Mari Carmen, siguen acusándose unos a otros de inacción, obviando que la situación es responsabilidad de todos. Si es cierto que el actual gobierno de coalición ha presentado propuestas legislativas que el PP, VOX y Junts han rechazado, también lo es que a veces el PSOE ha sido pacato, cuando no contradictorio: ahí está su abstención, el pasado mes de septiembre, a la ley propuesta por Sumar para prohibir a los fondos de inversión la compra de viviendas.
Desde el PP repiten la cantinela de que el problema de la vivienda radica en que Sánchez no ha hecho nada en ocho años, cantinela que repiten presidentes autonómicos del PP, los mismos que recurren leyes gubernamentales sobre vivienda reivindicando la legitimidad autonómica, entre ellos, Moreno Bonilla, que repite el argumentario de la inanidad de Sánchez, mientras olvida que el artículo 56 del Estatuto andaluz dice que “corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de vivienda”, que incluye la planificación, la gestión, el control y la promoción pública de viviendas, entre otras cuestiones.
Y también los ayuntamientos tienen mucho que decir sobre vivienda, de ellos depende, por ejemplo, la declaración de zonas tensionadas y el control sobre el cambio de dedicación y uso habitacional de inmuebles, locales y solares.
En Cádiz hay un grave problema de vivienda y hay actuaciones pendientes que dependen del Ayuntamiento y otras administraciones, pero la lentitud burocrática -y falta de decisión política-, por ejemplo, para modificaciones menores en el PGOU, provoca retrasos como los que se producen en los proyectos de Tolosa Latour, Escuela de Náutica, Valdeíñigo…, sin olvidar la última fase de Matadero- que depende de la Junta-, o Navalips, propuesta de la Zona Franca, con intervención del estado y el ayuntamiento, donde, sorprendentemente, solo el 50% se proyecta como vivienda social.
El problema de la vivienda no es un asunto político, es un problema social y, como tal, la solución pasa, necesariamente, por la colaboración entre todas las administraciones públicas. Espero que eso les quede claro el próximo 11 de noviembre.
Publicado en Diario de Cádiz el 11/10/2026
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