Foto: Diario de Cádiz
Tengo la impresión de que la negativa municipal a que la Junta de Andalucía utilice unos edificios de la antigua factoría de Altadis para la Ciudad de la Justicia -con un ahorro importantísimo de dinero público- es más cuestión política, que técnica.
Dice la alcaldesa que no se puede llevar allí la Ciudad de la Justicia porque, en el PGOU 2011-2015, no se contempla en esos terrenos más que un uso industrial, por lo que, para que tuvieran uso administrativo, habría que modificar el PGOU.
Pero no parece una cosa tan complicado. Por ejemplo, podría Teófila Martínez hacer esa modificación parcial del PGOU en el mismo pleno que tendrá que presentar, necesariamente, su modificación para dar uso cultural a los Depósitos de Tabacalera de la avenida Marconi, tal y como anuncia el ayuntamiento en su página web, donde se habla de la futura urbanización de la zona, pero se obvia que el vigente PGOU 2011-2015 solo contempla para esos depósitos uso industrial.
El asunto parece sencillo, en la misma operación que se producirá la imprescindible modificación del PGOU para los depósitos de Tabacalera, se puede incluir una modificación parcial de los terrenos de Altadis. Es cuestión de buena voluntad.
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