Había y hay razones

Como en la huelga de septiembre de 2010, contra la reforma laboral de Rodríguez Zapatero, como en todas, ha habido, desde el primer momento, una guerra de cifras sobre los resultados de la huelga del 29 de marzo, contra la reforma laboral de Rajoy, incluyendo los datos de consumo eléctrico, el dato objetivo según la ministra, que ha olvidado cuántos ayuntamientos, regidos por el PP, se “olvidaron” de apagar el alumbrado público, precisamente, el día de la huelga. La gran diferencia entre las dos convocatorias citadas ha sido la campaña de descalificación que han sufrido los convocantes y el sindicalismo en general, por parte del PP, los empresarios y los medios y comentaristas afines al gobierno y al partido que lo sostiene, arguyendo que ni siquiera se han respetado los primeros cien días de Rajoy en el gobierno, o que la huelga se convocó para ayudar a ¡Rubalcaba! en las elecciones andaluzas.

Pero había y sigue habiendo razones para la protesta. Circula un apunte sobre las hipotéticas “Medidas que el gobierno prevé en la ley de presupuestos generales del estado para el 2012-2013”, esos presupuestos que, por razones partidistas, se han retrasado hasta después de las elecciones del 25-M. Y las hipotéticas medidas afectan de nuevo a los trabajadores, especialmente, a los funcionarios, no a los empresarios y mucho menos a los de la CEOE. La veracidad del papel en cuestión se puede contrastar al conocer que, por ejemplo, la primera medida que anuncia sabemos ya que se está aplicando: anulación y prohibición absoluta de las ofertas de empleo público. Otras medidas son la anulación de los “procesos de consolidación” de empleo público en curso; anulación de la “carrera profesional” en aquellos ámbitos en los que esté implantada, lo que supondría la pérdida de lo ya reconocido en el salario por dicha “carrera profesional”; la conversión de los “trienios” en “quinquenios”, lo que supondría una merma notable en los sueldos; la limitación del complemento específico a un máximo de un tercio del “complemento de destino”; la limitación de las cuantías de “productividad” a un máximo de un quinto del salario, aunque no se especifica si será del Salario Base o de las Retribuciones Básicas; la supresión de los llamados “puestos con duplicidades”, entendiendo por estos, al parecer, los puestos de trabajadores laborales cuyas funciones coincidan con las atribuidas a funcionarios, lo que puede suponer el despido de miles de laborales de la administración pública; incluso se apunta a la reducción de los días de asuntos propios, que pasarían a un máximo de tres. 

Adoptar alguna de las medidas que se rumorean obligaría a reformar la ley de la Función Pública, pero no creo que eso sea obstáculo para un gobierno con notable vocación para el recorte de derechos de los trabajadores como es el de Rajoy, por lo que hay que sospechar que, si no todas, la mayor parte de esas medidas se aplicarán en las próximas semanas. Había y hay razones.
Publicado en Diario de Cádiz, 31 de marzo de 2012