En el pasado mes de julio visité la catedral de Oviedo. Me cobraron 6 euros por entrar y me proporcionaron un audioguía, que me informó que la Cámara Santa había sido destruida durante la Revolución de Octubre de 1934, y reconstruida por el estado español a partir de 1939. También supe que, recientemente, se habían efectuado obras de rehabilitación cofinanciadas por el estado español y el gobierno del Principado de Asturias, es decir con los impuestos de todos los españoles, como han sido los impuestos de los españoles los que han proporcionado los más de 450.000 euros que el Instituto del Patrimonio Cultural de España gastó entre los años 2011 y 2013 para acondicionar la girola, la sacristía y la capilla de Covadonga.
El mismo Instituto del Patrimonio Cultural de España invirtió más de tres millones de euros, entre los años 2006 y 2009, en intervenciones en la mezquita y catedral de Córdoba, donde le cobran a cada español que la visita 8 euros.
La página web del obispado de Cádiz dice que los residentes en la diócesis gaditana no tienen que pagar por visitar su catedral, pero sí deben pagar 5 euros el resto de comprovincianos, andaluces y españoles, que pagaron unos impuestos que sirvieron para las obras de rehabilitación que terminaron en 1999, cofinanciadas por el estado y la Junta de Andalucía. Y, entre 2009 y 2011, el mencionado Instituto del Patrimonio Cultural de España ha gastado algo más de 400.000 euros en la sacristía de la catedral gaditana.
El Oratorio de San Felipe Neri fue restaurado con dinero de los andaluces -3 millones de euros aportó la Junta de Andalucía- con motivo del Bicentenario de la Constitución española de 1812. Ahora cobran a cualquier visitante por entrar, y nadie menciona que allí se reunieron las Cortes y se redactó la primera constitución española.
La iglesia española, que no paga IBI por un acuerdo entre dos estados -vaticano y español- suscrito en 1979, dice que tiene derecho a cobrar por entrar en sus propiedades privadas, que no parecen serlo cuando hay que restaurarlas, pues entonces se alude a que forman parte del patrimonio nacional y, por lo tanto, que paguen las obras de sus iglesias los impuestos de todos los españoles, mientras que ella, la iglesias, no los paga.
En Francia solucionaron este problema durante la Tercera República, cuando en diciembre de 1905 la Asamblea Francesa aprobó la ley de separación de la iglesia y el estado, que incluía la nacionalización de los edificios religiosos, es decir, pasaron a ser propiedad del estado que, no obstante, ponía a disposición de las corporaciones religiosas, gratuitamente, los edificios necesarios para el mantenimiento del culto.
Ahí está el ejemplo a seguir. Lo que no puede continuar es que la iglesia española siga diciendo que es propietaria de la mezquita de Córdoba -y cobre por visitarla-, o que siga cobrando a los españoles por visitar el templo donde se redactó la Constitución de 1812.
