No me imagino tan ingenuos a González y Terrada, portavoces del PSOE e IU, respectivamente, en el Ayuntamiento de Cádiz, como para que pensaran, en algún instante, que el pleno municipal celebrado ayer iba a aprobar, con el apoyo del PP, formar una comisión de investigación para analizar el que llaman "caso del alumbrado público".
El resultado del pleno fue, como escribe
Melchor Mateo, el previsible. En la ciudad gobernada por Teófila Martínez no hace falta ni una sola comisión de investigación, ni que el ayuntamiento se persone en el caso, ni que se traslade el expediente del caso a los partidos de la oposición, que ni puñetera falta hace que tengan información.
Lo único original del asunto, la peregrina excusa esgrimida por José Blas Fernández -el funcionario está jubilado-, cuando el edil del PP sabe que no hacía falta ni buscar excusas, basta con el voto disciplinado del grupo mayoritario, pero lo que no es original, en el discurso de Fernandez, que repita una de sus aficiones favoritas, la habitual amenaza de plantear una de querella contra cualquier atisbo de expresión de disidencia, ya que lo considera insultante.
De lo conocido sobre el pleno de ayer, lo más chocante es que,
como informa Pedro Espinosa en El País, la alcaldesa pronunciara una de esas frases categóricas que tan bien aprendidas tiene, “siempre hemos dado la cara porque no tenemos nada que ocultar”, y al mismo tiempo el grupo municipal del PP, que preside, rechazaba aportar a la oposición la
documentación sobre la adjudicación denunciada.
Presumo que esa decisión del PP incumple el
Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
que en su artículo
Artículo 14. 1., dice:
"
Todos los miembros de las Corporaciones Locales tienen
derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos
antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la
Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función".
