Aunque algunos se enrocan contra la ley de Memoria Democrática, menospreciándola, vituperándola y diciendo que es cosa de Rodríguez Zapatero o, lo que es peor, de Pedro Sánchez, lo cierto es que, si conocieran un poco la historia de España, sabrían que las políticas de memoria son bastante antiguas, que, por lo menos, se pueden remontar a las Cortes de Cádiz.
El 26 de mayo de 1813 las Cortes aprobaron un decreto ordenando "quitar todos los signos de vasallaje que hubiere en los pueblos", es decir, borrar de los lugares públicos cualquier alusión a la condición de vasallos, propia del Antiguo Régiman, para que los españoles no sufrieran teniendo "a la vista un recuerdo continuo de su humillación".
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