Imaginen una economía que en los últimos años 34 años ha multiplicado por 2,4 veces su PIB, que ha sumado 2 millones de habitantes a su población, que ha incrementado su PIB por habitante en 10.000 euros, y que ha convergido en más de 7 puntos con los niveles de bienestar promedio europeos. Es una economía del sur de Europa. Está en el sur de España. Es Andalucía.
Los datos anteriores –todos ellos contrastables– son compatibles con los retos de gran entidad que esta economía presenta, no muy distintos, aunque más acentuados, que los del conjunto de España. En particular, en su mercado de trabajo (donde ha venido registrando un diferencial sistemático de más 7 puntos en tasa de paro con el conjunto de la economía española), y en el sistema educativo (donde sigue presentando una de las tasas de abandono escolar más elevadas del país).
He empezado este artículo subrayando una parte que no por ser cierta no es menos conocida cuando se habla de la economía andaluza. Al revés, cada vez que se acerca una nueva convocatoria electoral vemos cómo distintas expresiones de la derecha política española (se llame PP, Ciudadanos o Unió Democràtica de Catalunya) lanzan una serie de mensajes negativos sobre la economía andaluza en una doble dirección: “Andalucía es una economía subvencionada”, y “Andalucía es una economía poco desarrollada”.
¿Es Andalucía una economía subvencionada? Así lo han sugerido Esperanza Aguirre (“Los socialistas han ido a Sevilla a dar pitas, pitas, pitas”), Albert Rivera (“Vamos a enseñar a pescar a los andaluces. No a repartir pescado”) o Josep Antoni Duran i Lleida (“En algunos sitios de España cobran el PER por pasar una mañana o toda la jornada en el bar del pueblo”).
Vayamos precisamente al controvertido PER (hoy conocido como Programa de Fomento de Empleo Agrario, PROFEA, que además de Andalucía se reparten otras 7 comunidades autónomas, aunque este extremo no se conozca). Este es un programa que puede ser discutible porque en economía los incentivos importan, y algunos consideran que los que el PROFEA genera pueden no ser los más adecuados. Pero es preciso señalar que, por este concepto, Andalucía recibirá un total de 147,7 millones de euros en 2015, una cantidad que es equivalente al 0,59% del gasto total del Estado en prestaciones por desempleo en este año en España.
Como no parece muy aconsejable elevar una anécdota a categoría, es conveniente contrastar la hipótesis sobre el supuesto carácter de economía subvencionada que se le atribuye a Andalucía, a partir de datos más agregados (resultados del sistema de financiación autonómica, y de las llamadas balanzas fiscales).
La reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común aprobada por el Gobierno Zapatero en 2009 supuso un avance reseñable en cuanto a la reducción de diferencias en financiación por habitante entre CCAA (a competencias homogéneas). Es decir, se avanzó hacia una mayor igualdad de provisión de servicios públicos a los ciudadanos, independientemente de su territorio de residencia. Así lo demuestran los estudios de Ángel de la Fuente y de BBVA Research. No obstante, siguen existiendo comunidades sobrefinanciadas, y comunidades infrafinanciadas. Pues bien, según esos estudios, Andalucía no forma parte del grupo de 8 comunidades autónomas de régimen común que estarían sobrefinanciadas para el ejercicio de sus competencias (Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla y León, Aragón, Asturias, Galicia, Baleares, por este orden, de mayor a menor exceso de financiación por habitante). Ni tampoco está en el grupo de las 10 CCAA sobrefinanciadas, si tenemos en cuenta, además, a las dos de régimen foral (País Vasco y Navarra).
En realidad, Andalucía tuvo en 2012 (último año para el que existen liquidaciones del sistema) una financiación por habitante del 96,9% en un índice donde 100 es la financiación por habitante en el promedio de las comunidades autónomas españolas.
Por otra parte, en 2014 el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas retoma la publicación de las cuentas públicas territorializadas (un ejercicio de transparencia iniciado en 2008 por el Gobierno de Zapatero, pero interrumpido hasta ahora por el Gobierno de Rajoy). Este ejercicio permite identificar el saldo que para una comunidad autónoma supone el total de gastos de la Administración en su ámbito territorial (financiación autonómica+inversión propia del Estado+inversión de la UE), menos la suma de las aportaciones de sus habitantes a la Hacienda Pública.
Es lógico que exista una relación negativa entre PIB per cápita y saldo de la balanza fiscal por habitante (porque la mayor actividad económica hace que se recauden más impuestos en las comunidades autónomas más ricas). Por lo tanto, es lógico que Andalucía tenga –como lo tiene- un saldo positivo en su balanza fiscal (de 880 euros por habitante). Pero según los propios cálculos publicados por el Ministerio de Hacienda, Andalucía estaría recibiendo un saldo fiscal por habitante significativamente inferior (hasta un 30% menos) al que le correspondería en relación a
su nivel de PIB per cápita.
¿Es Andalucía una economía poco desarrollada? Así lo han sugerido, por ejemplo, Rafael Hernando (“Íbamos a ser la California europea, pero al final Andalucía se parece a Etiopía” y “Hay que sacar a Andalucía del pelotón de los torpes”) o Ana Mato (“Los niños andaluces son prácticamente analfabetos”).
Es grande el desconocimiento de la realidad socioeconómica andaluza que demuestran estas afirmaciones. Ni en un exceso verbal se puede comparar Andalucía con el tercer mundo. Su PIB per cápita (en torno a los 17.000 euros) no sólo es 36 veces mayor que el de Etiopía (464 euros), sino que, además, situaría a Andalucía en el tercio de cabeza del ranking mundial de renta per cápita de 183 países que elabora anualmente el FMI.
Por otra parte, desde que se aprobara el Estatuto de Autonomía se han intercambiado los porcentajes de población analfabeta y de población universitaria. En 1980 el porcentaje de población mayor de 16 años analfabeta era del 15,4% del total y el de población (también mayor de 16 años) con estudios universitarios era tan sólo del 4,3%. Treinta y cuatro años después, la población analfabeta se ha reducido al 3,8% y la población universitaria es ya del 22,4%.
De la misma forma, este es el periodo en el que se produce la incorporación de la mujer al mercado de trabajo andaluz, incrementándose la tasa de actividad femenina en más de 30 puntos (del 20% en 1980 al 52% en 2014). Y en el que se duplica el stock de capital (público y privado) por habitante. Aunque es igualmente cierto que tanto en capital físico, humano como tecnológico queda todavía un margen importante de convergencia con los niveles nacionales.
En realidad, el progreso de Andalucía desde la aprobación del Estatuto de Autonomía debe enmarcarse dentro del progreso general de España en el marco de la UE. El Estado de las autonomías ha conseguido hacer de España un espacio económico mucho más cohesionado que el que existe en otras economías del sur de Europa. Una afirmación que se puede mantener incluso a pesar de los severos efectos de la crisis económica en nuestro país. En este sentido, las diferencias de renta per cápita entre las regiones del norte y el sur de Italia son mayores que entre las comunidades del norte y el sur de España.
De hecho, su progreso en renta per cápita ha hecho que 3 comunidades autónomas españolas (Castilla-la Mancha, Galicia y Andalucía) dejen de ser consideradas como región objetivo I dentro del nuevo marco presupuestario 2014-2020 europeo (periodo en el que tan sólo una región española mantendrá esa consideración, Extremadura). Por el contrario, en Italia 5 regiones del sur del país (Campaña, Pulla, Basilicata, Calabria y Sicilia) lo eran en el anterior ejercicio presupuestario y lo seguirán siendo en este.
En resumen, a pesar de las debilidades estructurales que en algunos parámetros presenta, seguir considerando la economía andaluza como una economía subvencionada y poco desarrollada es más propio del prejuicio ideológico que del conocimiento científico. Y es que hay quienes que pierden el norte hablando del sur.
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