Se ha dicho, y algunos lo repiten como cotorras, que uno de los
problemas de la economía española es el excesivo número de funcionarios,
en las diferentes administraciones del estado, autonómicas, locales…,
que cuestan una pasta. Pero, me malicio, que no hay, de momento, mucha
intención de reducir el número de funcionarios, sencillamente, por ser,
principalmente, los funcionarios quienes están pagando, junto con los
parados, las consecuencias de la crisis.
Ya he recordado en otra ocasión que, cada vez que se suscita un
problema económico en España, las medidas contra los funcionarios es la
solución más sencilla que encuentran nuestros gobernantes, sean del
partido que sean. Ya en 1994 el gobierno de Felipe González congeló el
sueldo a los funcionarios, congelación que repitió en 1997 el gobierno
de José María Aznar. Cuando por fin aceptó reconocer la crisis actual,
en el año 2010 el gobierno de Rodríguez Zapatero bajó el sueldo a los
funcionarios un 5%, y lo congeló para el 2011. Y recién llegado al poder
Mariano Rajoy congeló los salarios para el 2012 y, a mediados de julio,
anunció que los funcionarios no percibirán la paga extra de Navidad.
Por su parte, el gobierno andaluz de Griñán, tras amagar,
demagógicamente, entre mayo y junio de este año con la rebaja o no de
los salarios de los funcionarios andaluces, por fin, y casi
sorpresivamente, publica en el BOJA del pasado 1 de octubre una ley de
"Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda
Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de
Andalucía", que en la práctica se traduce en una rebaja de salarios para
los funcionarios andaluces que, en el caso de los trabajadores de las
universidades públicas andaluzas supone otro 5% menos.
Como parece que con todas esas medidas no es suficiente, el
gobierno del PP, el ejecutivo en el que figura como presidente Rajoy, ha
decidido sacar de los bolsillos de los funcionarios alguna calderilla
más, publicando en el BOE del pasado 21 de noviembre, y enmascarada en
la "Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas
tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses", una Modificación del Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que cambia
el artículo 3 y añade un nuevo artículo 5 bis al Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio, estableciendo que, pese a que los funcionarios
no cobrarán la paga extra de Navidad, en la nómina ordinaria de
diciembre se les descontará el doble de las cuotas habituales de
derechos pasivos y mutualidades. La medida supone, de hecho, otra rebaja
encubierta de sueldo, puesto que no sólo no hay extra para los
funcionarios, sino que, además, les cobrarán las cuotas como si hubiesen
percibido la paga extraordinaria.
Tengo la impresión de que este año, en las casas de los
funcionarios, los villancicos tendrán un estribillo muy popular: ¡Manos
arriba, esto es un atraco!
Publicado en Diario de Cádiz, 24 de noviembre de 2012
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