Cuando asistes a un debate parlamentario sobre la corrupción, el guión es aburrido: los protagonistas se señalan unos a otros, diciendo que el corrupto es el de enfrente, olvidando que esos gestos pueden provocar el aplauso de los suyos, pero no convencen a los ciudadanos.
Cada vez que se habla de corrupción, y en estos días no se habla de otra cosa, parece que los políticos se olvidan de la gravedad del asunto, no solo por el saqueo de arcas públicas, no solo por la adulteración de la gestión política, también, y casi más importante, por la desafección hacia la gestión pública que provoca la corrupción. Sin embargo, hay que insistir en que no todos los políticos son corruptos.
Aunque se han detectado casos de corrupción que afectan al 18% de los municipios españoles -en la administración local se concentra el 85% de la corrupción-, hasta diciembre de 2022 se había investigado a casi 4.000 politicos, una cifra realmente importante -aunque sea poco más del 5% de los cargos electos-, que empaña la imagen de los políticos, hasta el punto de que, según algunas encuestas, los españoles piensan que casi el 60% de los políticos son corruptos.
Es cierto que la imagen negativa de los políticos se debe en buena parte a ellos, no por las presuntas corruptelas, sino por su cinismo ante la defensa numantina y equivocada de la corrupción que procede de sus propias filas. El peor ejemplo no lo dan los corruptos, sino los partidos a cuyas siglas están afiliados y a su tardía reacción ante los presuntos corruptos.
Retomando y actualizando lo que escribí hace tiempo, hay que recordar que en España hay 8.132 municipios (según el INE), lo que significa que hay igual número de alcaldes y algo más de 67.000 concejales, incluyendo los alcaldes. Hay 19 comunidades autónomas –incluyendo a Ceuta y Melilla-, que, sin citar en muchos casos a presidentes y consejeros, en tanto que ostentan también otros cargos de representación política, suponen en conjunto más de 1.200 diputados autonómicos; a los que habría que sumar el gobierno central y el Congreso y el Senado, que reúnen a más de 600 individuos entre diputados al Congreso y senadores. Todo ello supone que hay un mínimo de 69.000 cargos electos en España.
Aunque se han detectado casos de corrupción que afectan al 18% de los municipios españoles -en la administración local se concentra el 85% de la corrupción-, hasta diciembre de 2022 se había investigado a casi 4.000 politicos, una cifra realmente importante -aunque sea poco más del 5% de los cargos electos-, que empaña la imagen de los políticos, hasta el punto de que, según algunas encuestas, los españoles piensan que casi el 60% de los políticos son corruptos.
Es cierto que la imagen negativa de los políticos se debe en buena parte a ellos, no por las presuntas corruptelas, sino por su cinismo ante la defensa numantina y equivocada de la corrupción que procede de sus propias filas. El peor ejemplo no lo dan los corruptos, sino los partidos a cuyas siglas están afiliados y a su tardía reacción ante los presuntos corruptos.
Y ahora estamos viviendo uno de los casos más graves: dos Secretarios de Organización del PSOE, es decir, dos personas que han sido el número tres en la organización del partido, aparecen en un informe demoledor de la Guardia Civil como presuntos corruptos. Es cierto, como se ha dicho, que falta que un juez de viabilidad penal a dicho informe, pero eso no obsta para que Pedro Sánchez, como secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, tome medidas más contundentes. No basta con pedir perdón, ni recordar que el PP tiene también casos de corrupción pendientes de fallos judiciales, hay que tomar una decisión política, arriesgada sin dudas, pero imprescindible: debe someterse a una moción de confianza.
Hay que devolverle a los ciudadanos la confianza en la gestión pública, en la política, y eso no se consigue señalando la paja en el ojo ajeno, sin reconocer la viga en el propio.
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