Exigimos responsabilidades

EN estos días Carlos Fabra, el padre de Andreíta, la bien hablá, contempla orgulloso la terminación de su escultura, que presidirá el aeropuerto de Castellón -uno de esos aeropuertos sin aviones que tenemos en España-. Sin embargo el New York Times considera que la escultura no es más que un ejemplo del despilfarro que ha hundido a España en la recesión y la crisis bancaria. El periódico neoyorquino, que ha puesto como ejemplo de la crisis a la Comunidad Valenciana, incluye la construcción del aeropuerto en la larga lista de barbaridades cometidas en más de una década de auge de la construcción, propiciado, fundamentalmente, por políticos regionales españoles que querían destacar en el panorama nacional.

No va descaminado el análisis del periódico americano. La burbuja inmobiliaria comenzó en España hacia el final de 1997, aunque tuvo un importante crecimiento entre 2006 y 2007. A partir de 2008, con un mercado inmobiliario hinchado y a precios interesadamente elevados, comenzó a desinflarse. Las entidades bancarias, que se habían beneficiado ladinamente de la burbuja, comenzaron a tener problemas con las hipotecas y a encontrarse con un paquete inmobiliario obsoleto y fallaron las previsiones de capital. Pero el problema se trató de soslayar, de ocultar, de retrasar el reconocimiento del comienzo de la recesión, mientras que, poco a poco, iban surgiendo noticias sobre enriquecimientos sospechosos, contratos blindados, pensiones vitalicias increíbles, de las que eran beneficiarios los directivos de entidades financieras con responsables políticos designados por los partidos y sin que nadie pusiera coto a los desmanes, como ha reconocido en parte Luis Mª Linde, gobernador del Banco de España, al declarar en una comparecencia en el Congreso, que el banco actuó de un modo "insuficiente" e "inadecuado" en la crisis financiera, reconociendo que la euforia por la burbuja inmobiliaria "cegó" el inicio de la crisis.

Ahora, el juez Fernando Andreu ha admitido a trámite una querella, iniciando así un proceso penal, contra los directivos de Bankia -entidad calificada por el fiscal como el cuarto banco más grande de España-, citando el juez, en calidad de querellados e inculpados a 33 consejeros y exconsejeros, entre los que destacan Rodrigo Rato, Ángel Acebes y el expresidente de Bancaja, José Luis Olivas. Y en este contexto Baltasar Garzón ha declarado que resultaba llamativo que, hasta la decisión del juez Andreu, no se hubiera abierto ningún proceso penal contra los causantes de la crisis. Y tiene razón. La crisis la están pagando los trabajadores y los ciudadanos de a pie, mientras que los responsables se encogen de hombros. Pero no podemos permitirlo. Exigimos responsabilidades, no sólo a los dirigentes de las entidades financieras en crisis, también a quienes debían fiscalizarlos -Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, etc.- y a quienes, desde la responsabilidad de gobierno, a partir de 1998, no atajaron el problema, incluyendo a Rodríguez Zapatero y sus brotes verdes.


Publicado en Diario de Cádiz, 21 de julio de 2012, aunque, por razones que ignoro, con otro título: "Pedimos responsables"