Habría que preguntar cuánto dinero se ha invertido por las administraciones públicas, en Andalucía principalmente la Junta, en subvencionar cursos de formación impartidos por empresas y sindicatos, que finalmente han sido un fraude.
No es lo mismo 2.000 millones, que dos millones, evidentemente, pero da igual si el descontrol, en las adjudicaciones y en la fiscalización del cumplimiento, ha favorecido a los sinvergüenzas que no solo se han embolsado el dinero, sino que se han burlado de las esperanzas de tantos desempleados, en muchos casos jóvenes, que han confiado en ellos. Solo por eso, además de reintegrar el dinero, deberían ir a la cárcel, por engañar y reírse de los parados.
Por eso la Junta de Andalucía, en vez de enfadarse tanto con quien, al parecer, ha inflado los datos, lo que debe hacer es vigilar más qué hace con el dinero de todos.
Probablemente con el dinero perdido en EREs y subvenciones a sindicatos y empresas, se podría haber invertido en mejorar infraestructuras y crear empleo directo por la administración pública.
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