Decía ayer Javier Maroto, uno de los portavoces habituales del PP, que si no cambian las propuestas de apoyo a Rajoy -lo que se traduce en que el PSOE lo haga directa o indirectamente-, el candidato del PP declinará la propuesta de Felipe VI para formar gobierno, y lo explicaba diciendo que el debate de investidura se realiza para explicar el programa de gobierno, en lo que no le falta razón, pero que no sirve para justificar la negativa a intentar formar gobierno sin asegurarse, previamente, los apoyos.
El artículo 99 de la Constitución de 1978 dice, en su punto 1, que "el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria..., propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno", y añade, en el punto 2, que "el candidato propuesto... expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara".
Es decir, en sentido estricto, es ese el momento en el que el candidato solicita los apoyos parlamentarios para formar gobierno. El PP, con el argumento expuesto por Maroto, fuerza la interpretación de la Constitución.
Comienzo a pensar que no les falta razón a quienes afirman que la estrategia peperiana consiste en intentar prolongar el actual mandato en funciones de Rajoy cinco meses más, hasta junio, fecha límite marcada por la normativa para convocar nuevas elecciones, de manera que Rajoy, finalmente, habría estado nueve meses en funciones, tiempo suficiente para el olvido de las últimas noticias sobre corruptelas, para el desgaste de otros partidos y para comprobar si, efectivamente, en el túnel de la crisis comienza verse un poco de luz.
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