El secretario del pleno de Toledo, retira el crucifijo para una promesa. Foto: La Tribuna de Talavera
Son ganas de enredar, de buscar la polémica, de escandalizar a simples e inocentes, incluso de provocar reacciones violentas, y todo ello debido a que no han ganado los suyos, a que sus correligionarios han perdido.
Por eso, primero denuncian, sabiendo que es mentira, que el alcalde de Cádiz había quitado la bandera de España de la plaza de Sevilla el mismo día de su toma de posesión -sin tener la gallardía de reconocer que, cuanto menos, estaban equivocado; y ahora, como los viejos fariseos, se escandalizan de que en tomas de posesión de concejales y alcaldes se suprima el crucifijo a petición de los que van a prometer su cargo. O que una alcaldesa decida que en las dependencias de su despacho, se quite un crucifijo.
Olvidan los polemistas interesados, los que quieren calentar los ánimos, que España es un estado aconfesional, por lo que la ausencia de símbolos religiosos en actos del estado -y las tomas de posesión de concejales lo son- debería ser lo normal, lo reglamentado protocolariamente.
España no es un estado laico, pero es una estado aconfesional, como quedó establecido en la Constitución de 1978, que en el artículo 16, punto 3, dice: "Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones".
Aunque ya de la redacción del artículo se puede intuir una debilidad por la Iglesia Católica, el contenido es claro: "ninguna confesión tendrá carácter estatal". Por eso hay que insistir que, de ahí, se debería sacar una regulación administrativa de obligado cumplimiento: en todos y cada uno de los actos relacionados con la administración del estado deberían estar excluidos símbolos religiosos, incluyendo la Biblia católica y el crucifijo.
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