El 8 de abril se emitió un Decreto "Sobre el extrañamiento o permanencia en el reino de los súbditos de Napoleón", que indicaba que todos los franceses, y demás súbditos del imperio napoleónico, debían salir de los territorios españoles, a menos que acreditasen los ayuntamientos de su residencia su adhesión a la "causa de la Nación". También se estableció el acogimiento, con las debidas precauciones, de los franceses que huyeran de Napoleón y solicitaran protección.
Ese mismo día, y como fin al conflicto surgido con la Regencia por la lectura en las iglesias del decreto de extinción de la Inquisición -que provocó un cambio de Regencia, como ya contamos en anterior entrada- se publicó un decreto con el "Nuevo Reglamento de la Regencia del Reino", que anulaba el que se dio la Regencia en enero de 1812.
También el 8 de abril el Decreto sobre las medidas a adoptar con los oficiales del ejército traidores o desertores, a los que se les condenaría a penas de privación de derechos y de libertad, en función de la gravedad de la falta.
El Decreto 250, de 12 de abril, cubría una faceta administrativa fundamental pues estaba dedicado a la "Creación de la Dirección General de la Hacienda pública".
Y al día siguiente, el 13 de abril de 1813, un decreto "Sobre la concesión y
fórmulas de las Cartas de Naturaleza y de Ciudadano", que derogaba cualquier otra fórmula anterior y desarrollaba el artículo 5º de la Constitución, sobre los extranjeros residentes en España.
De gran importancia era el Decreto 253, de 19 de abril: "Instrucción para dirimir las competencias de jurisdicción en toda la Monarquía", que otorgaba al Supremo Tribunal de Justicia la máxima autoridad acerca de las competencias de jurisdicción.
Por último, destacaremos el Decreto de 23 de abril de 1813 "En que se mandan entregar a la Biblioteca de Cortes dos ejemplares de todos los impresos de la Monarquía", ratificando y ampliando la resolución del 12 de marzo de 1811 y coincidiendo la publicación del decreto, 23 de abril, con el día que, en 1616, fue enterrado Cervantes.
2 comentarios:
Sobre el primer y el último decreto, dos observaciones:
1-Los franceses que fieles a la nación ¿cómo lo demostraban? ¿Existía algún acto público en el que dieran fe de su adhesión a España? ¿Se daba fe con algún documento?
2-En cuanto a la obligación de depositar dos ejemplares en la Biblioteca de Cortes de todo lo que se publicara, supongo que es un antecedente a la vigente obligación de entregar a la Biblioteca Nacional (o bibliotecas autonómicas) todo lo inscrito en el Depósito Legal, aunque ignoro si ya se hacía antes de 1812 o ellos son los primeros en instaurarlo.
A la primera pregunta: eran los ayuntamientos quienes deberían certificar la buena conducta de los franceses y súbditos del imperio napoleónico.
A la segunda. La medida la propuso Bartolomé J. Gallardo como medio de hacer una biblioteca de las Cortes, entendida como Nacional. Es, efectivamente, el precedente de la medida que afecta al D.L., que tiene su precedente con la creación de la Biblioteca Real (Felipe V), cuando por R.O. de 15 de octubre de 1716 se ordenó que se entregara a la BR un ejemplar de lo impreso en la monarquía.
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