Se trata de un conflicto laboral, sindical, que hay que dirimir en ese cauce, y si hay una denuncia judicial, en los tribunales. Pero no se puede tratar de empañar, de desviar el tema, cuestionando e interrogando por comportamientos éticos e ideológicos de un individuo, sea cual sea el cargo que ostenta en el sindicato.
La Constitución de 1978, en su artículo 14 dice que "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social" y, más directamente, el artículo 16, punto 2, "Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias".
Pues eso, hay que respetar la Constitución, y un ayuntamiento democrático debería dar ejemplo de ello. Para las otras cuestiones, están los tribunales.
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