Un debate en un foro interno me hace retomar parte de un artículo que publiqué en marzo pasado.
Actualmente existen en España un total de 8.116 municipios (según el INE a 01-01-2011), lo que significa que hay igual número de alcaldes y casi 65.200 concejales, incluyendo los alcaldes. Hay 19 comunidades autónomas –incluyendo a Ceuta y Melilla-, que, sin citar en muchos casos a presidentes y consejeros, en tanto que ostentan también otros cargos de representación política, suponen en conjunto más de 1.200 diputados (sin contar, en este caso, con Ceuta y Melilla), en los parlamentos autonómicos; a los que habría que sumar el gobierno central y el Congreso y el Senado, que reúnen a más de 600 individuos entre diputados al Congreso y senadores. Todo ello supone que hay un mínimo de 67.000 cargos electos en España.
La página web del “corrúptodromo” en España, “no les votes”, denuncia unos 45 “casos importantes” de corrupción y unos 185 casos a nivel local o regional. Es decir, sin dudar en absoluto de la estadística dada, suman unos 230 casos de corruptelas en España: una cifra importante, absolutamente denunciable y rechazable -pues lo que hay que conseguir es que no haya ni un caso-, pero de la que no cabe concluir que todos los políticos son corruptos, que todos los políticos son unos ladrones. Frente a más de 67.000 políticos en activo, apenas dos centenares y medio de casos de corrupción política, que no pueden, ni deben, empañar, la imagen de la política y los políticos en España.
Es cierto que hay una imagen negativa de los políticos que se debe en buena parte a ellos, no por las presuntas corruptelas, sino por su cinismo ante la defensa numantina y equivocada de la corrupción que procede de sus propias filas. El peor ejemplo no lo dan los corruptos, sino los partidos a cuyas siglas están afiliados y a su tardía reacción ante los presuntos corruptos. No se pueden pedir responsabilidades políticas por lo EREs descubiertos en Andalucía, y negar responsabilidades políticas en el caso Rodríguez de Castro de la Zona Franca de Cádiz. No se puede pedir la dimisión del expresidente andaluz por una presunta corruptela no demostrada, y al mismo tiempo exigir presunción de inocencia por el caso de los trajes en la Comunidad Valenciana. Flaco favor le hacen a la democracia quienes ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio.
1 comentario:
Siendo ciertos y correctos los datos que aportas tambien lo es que los ciudadanos califican a los politicos como uno de los problemas más importantes del país, por delante incluso del terrorismo. En razon de ello algo debe fallar en el sistema , para que esas calificaciones se produzcan.
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