Hace ya seis años que comenzó la querella de la Abogacía del Estado, y todavía estamos en estas... Al que, presuntamente, roba una gallina lo llevan a juicio en cuestión de semanas, pero...
Ya escribí hace tiempo que lo de la gestión de los Delegados nombrados por el Partido Popular para la Zona Franca de Cádiz daba para un culebrón televisivo, y eso que, a fuerza de repetirlo, algunos han pretendido olvidarlo, casi hacernos creer que nunca existió. Pero hay una serie de acontecimientos que no debemos olvidar. El Partido Popular, tras ganar las elecciones nacionales de 1996, debía nombrar al Delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz y, a propuesta de Teófila Martínez, el nombramiento recayó en un personaje desconocido en la ciudad llamado Manuel Rodríguez de Castro. Su llegada a su puesto de Alto Cargo del Estado Español se anunció a bombo y platillo, cuando se propagó a todos los vientos que, como ejemplo de la austeridad que el PP quería imponer en la administración, se bajaba el sueldo. A la postre, la rebaja se compensaba ampliamente con toda una serie de cobros en especies que superaban la rebaja oficial de sueldo que anunció, puesto que los contribuyentes le pagábamos la luz, la manicura, los desayunos en el Ritz, las limusinas en las que se paseaba por Madrid y Miami, y, supuestamente, los tirantes con los que agarraba los pantalones.
Su gestión en la Zona Franca gaditana, por su afán de grandeza, se cubrió de soberbia absolutista. Años después las inspecciones fiscales empezaron a detectar anomalías, fueron apareciendo datos que indicaban que, al parecer, la actividad de Rodríguez de Castro solo había sido generosa con su bolsillo. Así, se le requirió la devolución de 522.325 euros y el juez de instrucción que investiga el caso RILCO le imputó, junto con otros supuestos colaboradores necesarios, delitos de prevaricación, fraudes y exacciones ilegales, malversación de caudales públicos y delitos societarios, falsedad documental y delito de omisión del deber de perseguir delitos, este último imputado a Miguel Osuna, su sucesor en el cargo en la Zona Franca. Ahora, el PSOE pide para Rodríguez de Castro una condena de 9 años, y 6 a Osuna.
Y todo ello sin que, hasta ahora. nadie haya asumido responsabilidad política. Aunque quien sabe, quizás si la petición prosperase y la condena llegara, al fin nos enteraríamos de que, como dijo hace tiempo Monforte, a Rodríguez de Castro no lo trajo el levante.
2 comentarios:
Habría que recordar, por esto, la famosa frase del jerezano Pacheco, con el qeu cada vez estoy más de acuerdo, rigurosamente en este sentido: "La justicia es un cachondeo".
Tengo entendido que las cuentas de empresas y administración pública se encuentran sometidas y vigiladas a los interventores del estado, que son funcionarios del Ministerio de Hacienda.
Ignoro si aquí no tenían competencias, pero me hace pensar en el caso Malaya de Marbella: todo el mundo sabía que se delinquía, y nadie hizo nada hasta que estuvo a punto de reventar.
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