Interesante y esclarecedor el artículo que, sobre las diferencias de criterio entre la juez Alaya y la Fiscalía Anticorrupción, publica hoy La Voz.
En muchas ocasiones se ha dicho, desde diferentes ámbitos, que había un exceso de coincidencia entre algunas decisiones de la juez con el calendario político andaluz y nacional. En el artículo que firma Mª Dolores Tortosa en La Voz no se habla de eso, pero mientras se lee aparece la sombra de las quejas sobre un hipotético sesgo político en determinadas decisiones.
Considero que es imprescindible que la investigación de los EREs vaya hasta el fondo, hasta el final, caiga quien caiga. Pero, llama la atención que los criterios y la insistencia de la fiscalía para investigar la trama empresarial caigan habitualmente en saco roto. Mientras la juez Alaya insiste en investigar a los intrusos y a implicados con perfil político y sindicalista, la fiscalía insiste en la línea empresarial por temor a que prescriban los delitos con el paso del tiempo, como ya ha ocurrido.
Casualmente, el caso Mercasevilla -venta de suelos supuestamente amañada entre empresarios-, del que, precisamente, surge el de los EREs, ya ha prescrito, según decisión adoptada por la juez Alaya, por lo que los empresarios implicados, acusados de maquinación para alterar el precio de las cosas, prevaricación, fraude y exacciones ilegales, se han ido de rositas. Sin dudas también casualmente, entre los implicados había dos hermanos de la ministra Báñez.
No hay comentarios:
Publicar un comentario