No es una exageración, menos una broma, ya se está notando, estudiantes y trabajadores que no encuentran vivienda en Cádiz, por la subida de precios provocada por las viviendas turísticas.
martes, 26 de septiembre de 2023
sábado, 23 de septiembre de 2023
Manifiesto de profesores de Historia Contemporánea ante la anunciada derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón
Manifiesto de profesores del área de Historia Contemporánea (Departamento de Historia) de la Universidad de Zaragoza ante la anunciada derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón
Ante el anuncio por parte del nuevo Gobierno de Aragón conformado tras las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo de que se va a proceder a la derogación de la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de Memoria Democrática de Aragón, actualmente en vigor, aprobada por mayoría absoluta en las Cortes de Aragón, los abajo firmantes, profesores de Historia contemporánea de la Universidad de Zaragoza, desean manifestar lo siguiente desde un punto de vista estrictamente académico y profesional, en línea con la visión que nuestros compañeros de otras Universidades españolas y europeas han defendido respecto al papel que deben desempeñar los poderes públicos en el desarrollo
de políticas del pasado:
• Que, como indica la misma ley, “construir la memoria democrática a partir del recuerdo del pasado traumático vinculado a la guerra civil y a la dictadura franquista y del más riguroso conocimiento histórico es el modo más firme de alimentar nuestra democracia de los principios morales que la fortalecerán frente a los discursos de la exclusión y la intolerancia”. Pensamos que esta ley es un instrumento necesario y eficaz para construir un futuro de convivencia y una sociedad apoyada en valores éticos compartidos.
• Que los citados profesores del área de Historia Contemporánea hemos dedicado años de investigación y esfuerzo para construir un relato estrictamente profesional de lo ocurrido en el siglo XX español y aragonés, trabajo que ha facilitado también la recuperación de la memoria individual y colectiva de las víctimas de la guerra civil y de la posterior dictadura franquista frente al olvido y a las tesis revisionistas y negacionistas, que carecen de rigor, prescinden de datos y documentos y cultivan visiones sectarias y partidistas.
• Que la derogación de la Ley supone, de facto, la paralización de los protocolos de reparación de las víctimas de la guerra civil y la represión de posguerra. Especialmente grave es que deja la puerta abierta a la revisión de los currículos educativos por parte de quien en ese momento ocupe el poder político. Este último aspecto preocupa especialmente a los profesores de Historia contemporánea por cuanto se perciben serios desajustes entre el conocimiento historiográfico más avanzado y lo plasmado de forma sintética en algunos manuales escolares.
• Que la Ley de memoria democrática de Aragón se enmarca en el conjunto de principios redactados por Naciones Unidas (ONU) para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. A su vez, la Constitución española indica en su artículo 10 que la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes son fundamento del orden político y la paz social, y que las normas relativas a los derechos fundamentales que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados
internacionales sobre la materia ratificados por España.
Por todas estas razones, los profesores de Historia contemporánea de la Universidad de Zaragoza solicitamos el mantenimiento en vigor de la Ley de memoria democrática de Aragón, aprobada por una amplia mayoría en las Cortes, y considerada un texto legal moderado y razonable que busca cerrar las heridas del pasado no mediante su negación u olvido, sino a través del conocimiento de los hechos fundamentado en el método histórico propio de la disciplina, contrastado en la tradición historiográfica forjada en la comunidad plural de historiadores. En ese sentido, consideramos que los poderes públicos deben garantizar el reconocimiento a todas las víctimas independientemente de su significación política, dejando de lado cualquier posicionamiento o perspectiva ideológica. Hacer frente a un pasado incómodo con rigor refuerza la democracia de un país. En ese sentido, los beneficios de esta ley redundan en favor del avance del conocimiento histórico sobre unos temas y problemas que, además de su indudable interés académico e historiográfico, afectan a la cultura cívica del conjunto de la sociedad aragonesa actual.
Invitamos a los historiadores que lo deseen a apoyar este texto que, aunque nacido de un grupo específico de contemporaneístas, está abierto a ámbitos más amplios a los que afecta una derogación de esta norma de tanto calado social.
En Zaragoza, a 13 de septiembre de 2023
FIRMANTES:
Julián Casanova Ruiz (catedrático de historia contemporánea de la Universidad de Zaragoza)
Roberto Ceamanos Lloréns (profesor titular de historia contemporánea de la Universidad de Zaragoza)
Ángela Cenarro Lagunas (catedrática de historia contemporánea de la Universidad de Zaragoza)
Carlos Domper Lasús (profesor ayudante doctor de historia contemporánea de la Universidad de Zaragoza)
Carlos Forcadell Álvarez (catedrático emérito de historia contemporánea y profesor honorífico de la Universidad de Zaragoza)
Carmen Frías Corredor (profesora titular de historia contemporánea de la Universidad de Zaragoza)
Diego Gaspar Celaya (profesor contratado doctor de historia contemporánea de la Universidad de Zaragoza)
Ignacio Peiró Martín (catedrático de historia contemporánea de la Universidad de Zaragoza)
Francisco Javier Ramón Solans (investigador Ramón y Cajal de historia contemporánea de la Universidad de Zaragoza)
Carmelo Romero Salvador (profesor titular jubilado de historia contemporánea de la Universidad de Zaragoza)
Miguel Ángel Ruiz Carnicer (catedrático de historia contemporánea de la Universidad de Zaragoza)
Pedro Rújula López (catedrático de historia contemporánea de la Universidad de Zaragoza)
Alberto Sabio Alcutén (catedrático de historia contemporánea de la Universidad de Zaragoza)
Pilar Salomón Chéliz (profesora titular de historia contemporánea de la Universidad de Zaragoza)
Ante el anuncio por parte del nuevo Gobierno de Aragón conformado tras las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo de que se va a proceder a la derogación de la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de Memoria Democrática de Aragón, actualmente en vigor, aprobada por mayoría absoluta en las Cortes de Aragón, los abajo firmantes, profesores de Historia contemporánea de la Universidad de Zaragoza, desean manifestar lo siguiente desde un punto de vista estrictamente académico y profesional, en línea con la visión que nuestros compañeros de otras Universidades españolas y europeas han defendido respecto al papel que deben desempeñar los poderes públicos en el desarrollo
de políticas del pasado:
• Que, como indica la misma ley, “construir la memoria democrática a partir del recuerdo del pasado traumático vinculado a la guerra civil y a la dictadura franquista y del más riguroso conocimiento histórico es el modo más firme de alimentar nuestra democracia de los principios morales que la fortalecerán frente a los discursos de la exclusión y la intolerancia”. Pensamos que esta ley es un instrumento necesario y eficaz para construir un futuro de convivencia y una sociedad apoyada en valores éticos compartidos.
• Que los citados profesores del área de Historia Contemporánea hemos dedicado años de investigación y esfuerzo para construir un relato estrictamente profesional de lo ocurrido en el siglo XX español y aragonés, trabajo que ha facilitado también la recuperación de la memoria individual y colectiva de las víctimas de la guerra civil y de la posterior dictadura franquista frente al olvido y a las tesis revisionistas y negacionistas, que carecen de rigor, prescinden de datos y documentos y cultivan visiones sectarias y partidistas.
• Que la derogación de la Ley supone, de facto, la paralización de los protocolos de reparación de las víctimas de la guerra civil y la represión de posguerra. Especialmente grave es que deja la puerta abierta a la revisión de los currículos educativos por parte de quien en ese momento ocupe el poder político. Este último aspecto preocupa especialmente a los profesores de Historia contemporánea por cuanto se perciben serios desajustes entre el conocimiento historiográfico más avanzado y lo plasmado de forma sintética en algunos manuales escolares.
• Que la Ley de memoria democrática de Aragón se enmarca en el conjunto de principios redactados por Naciones Unidas (ONU) para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. A su vez, la Constitución española indica en su artículo 10 que la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes son fundamento del orden político y la paz social, y que las normas relativas a los derechos fundamentales que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados
internacionales sobre la materia ratificados por España.
Por todas estas razones, los profesores de Historia contemporánea de la Universidad de Zaragoza solicitamos el mantenimiento en vigor de la Ley de memoria democrática de Aragón, aprobada por una amplia mayoría en las Cortes, y considerada un texto legal moderado y razonable que busca cerrar las heridas del pasado no mediante su negación u olvido, sino a través del conocimiento de los hechos fundamentado en el método histórico propio de la disciplina, contrastado en la tradición historiográfica forjada en la comunidad plural de historiadores. En ese sentido, consideramos que los poderes públicos deben garantizar el reconocimiento a todas las víctimas independientemente de su significación política, dejando de lado cualquier posicionamiento o perspectiva ideológica. Hacer frente a un pasado incómodo con rigor refuerza la democracia de un país. En ese sentido, los beneficios de esta ley redundan en favor del avance del conocimiento histórico sobre unos temas y problemas que, además de su indudable interés académico e historiográfico, afectan a la cultura cívica del conjunto de la sociedad aragonesa actual.
Invitamos a los historiadores que lo deseen a apoyar este texto que, aunque nacido de un grupo específico de contemporaneístas, está abierto a ámbitos más amplios a los que afecta una derogación de esta norma de tanto calado social.
En Zaragoza, a 13 de septiembre de 2023
FIRMANTES:
Julián Casanova Ruiz (catedrático de historia contemporánea de la Universidad de Zaragoza)
Roberto Ceamanos Lloréns (profesor titular de historia contemporánea de la Universidad de Zaragoza)
Ángela Cenarro Lagunas (catedrática de historia contemporánea de la Universidad de Zaragoza)
Carlos Domper Lasús (profesor ayudante doctor de historia contemporánea de la Universidad de Zaragoza)
Carlos Forcadell Álvarez (catedrático emérito de historia contemporánea y profesor honorífico de la Universidad de Zaragoza)
Carmen Frías Corredor (profesora titular de historia contemporánea de la Universidad de Zaragoza)
Diego Gaspar Celaya (profesor contratado doctor de historia contemporánea de la Universidad de Zaragoza)
Ignacio Peiró Martín (catedrático de historia contemporánea de la Universidad de Zaragoza)
Francisco Javier Ramón Solans (investigador Ramón y Cajal de historia contemporánea de la Universidad de Zaragoza)
Carmelo Romero Salvador (profesor titular jubilado de historia contemporánea de la Universidad de Zaragoza)
Miguel Ángel Ruiz Carnicer (catedrático de historia contemporánea de la Universidad de Zaragoza)
Pedro Rújula López (catedrático de historia contemporánea de la Universidad de Zaragoza)
Alberto Sabio Alcutén (catedrático de historia contemporánea de la Universidad de Zaragoza)
Pilar Salomón Chéliz (profesora titular de historia contemporánea de la Universidad de Zaragoza)
viernes, 22 de septiembre de 2023
Hay remedos y remedos
Al Obispado de Cádiz, al Consejo de Hermandades y Cofradías y a las Cofradías y cofrades en general, les molesta la procesión promovida por el "Grupo de fieles de María Santísima de la Consolación", lo consideran un "remedo de los verdaderos actos de culto" de las cofradías.
Pero no les molesta la manipulación del patrimonio histórico de la ciudad, no se quejan de la reconversión del mareógrafo o de históricas garitas en capillas, en lo que también es un remedo de los verdaderos lugares de culto.
Está visto que hay remedos, y remedos.
Juanma y Sánchez nos quieren
Me parecen ridículas las declaraciones partidistas del tono, "El presidente Juanma Moreno demuestra su compromiso con Cádiz...", "Pedro Sánchez cumple con los gaditanos...", "La Junta cuida a Cádiz...", "El gobierno de España está pendiente de Cádiz...", "El PP quiere a Cádiz más que los sociatas...", "El PSOE quiere más a los gaditanos que los peperos..."
Es, como digo, ridículo. Si la Junta de Andalucía invierte dinero en Cádiz para fomento del empleo, solo está cumpliendo con su obligación. Si el gobierno de España invierte dinero en reparar el Castillo de San Sebastián, solo está cumpliendo con su obligación.
A ninguno de los dos, ni a Juanma, ni a Sánchez, ni al PP, ni al PSOE, hay que hacerles la ola por cumplir con su obligación, pero sí reclamarles cuando no lo hagan.
Futbolistas
Las jugadoras de la Selección Española de Fútbol han demostrado que tienen mayor conciencia ciudadana que los jugadores, anteponiendo una lucha colectiva, de toda la sociedad, a sus intereses profesionales y a sus egos individuales. Sus declaraciones son toda una lección de coherencia y tenacidad.
Estamos en deuda con ellas.
miércoles, 20 de septiembre de 2023
Como en Cádiz
La foto, de Jesús M., es de Bolonia, pero podía ser de Cádiz perfectamente, donde el precio de la vivienda se disparó hace meses por el exceso de pisos turísticos -muchos de ellos de inversores que no viven en Cádiz-, y es difícil encontrar casa, a un precio medianamente asequible, para los residentes en la ciudad.
jueves, 14 de septiembre de 2023
Podemos, Adelante y el mareógrafo convertido en capilla
Podemos Cádiz denuncia la actitud del PP de Cádiz de convertir las garitas en capillas; se puede leer aquí. Igualmente, Adelante Izquierda Gaditana se queja de que el actual equipo de gobierno municipal ceda patrimonio a una iniciativa religiosa privada, al permitir la colocación en una garita de la virgen de Guadalupe; lo pueden ver aquí.
La denuncia y la queja no pueden dejar de sorprender, por extemporáneas, si recordamos que este proceso de conversión de espacios patrimoniales en capillas comenzó con la participación del gobierno municipal presidido por José María González Santos, cuando era alcalde en representación de Podemos, y Martín Vila era responsable de Urbanismo.
Cuando falla la memoria, ahí está la hemeroteca.
El 7 de octubre de 2016, en el portal de Transparencia del ayuntamiento de Cádiz, se informaba de que diez empresas optaban a las obras de rehabilitación del mareógrafo, obras que se habían licitado por un importe de 49.282 euros. La rehabilitación se explicaba como una iniciativa municipal: "queremos rehabilitar esta caseta..." Al final de la nota se indicaba, expresamente, la finalidad de la obra: "En el interior del mareógrafo se tiene la intención de ubicar una escultura de La Galeona..."
En el mismo portal de Transparencia se informaba, el 19 de octubre de 2016, de que el Pleno municipal había aprobado, por unanimidad, la participación en el plan Invierte de la Diputación, en el que el ayuntamiento gaditano optaba a 340.000 euros para "invertir en obras", entre las que se incluía, copio textualmente, "la rehabilitación del mareógrafo del malecón del castillo de San Sebastián para la colocación de la imagen de La Galeona". Es decir, quienes gobernaban la ciudad en octubre de 2016 proponían gastar casi el 15% de lo que se obtuviera del plan Invierte en convertir el mareógrafo en una capilla.
Hay quien me indica que el ayuntamiento solo apoyó una iniciativa de la Demarcación de Costas, que es quien tenía jurisdicción sobre el mareógrafo. Pero creo que no es eso lo que se desprende de otra nota aparecida en el portal de Transparencia del ayuntamiento, que el 26 de mayo de 2017 informaba del último pleno celebrado. En dicho pleno se presentó una propuesta de los grupos que formaban el gobierno municipal, para aceptar las condiciones que la Demarcación de Costas imponía para autorizar las obras de rehabilitación del mareógrafo. De la redacción del acuerdo se desprende que el ayuntamiento había pedido permiso para las obras de rehabilitación, y la Demarcación de Costas puso unas condiciones que el pleno aceptó.
No cabe duda, en mi opinión, que todo este proceso de utilización del patrimonio histórico de Cádiz, para convertirlo en capillas, se inició con el mareógrafo, gracias a la rehabilitación y adecuación realizada por el ayuntamiento de 2016-2017.
Todo esto ya lo dije en diciembre de 2016 y en junio de 2017, como se puede ver aquí y aquí, pero no sirvió de nada. Por eso, para quienes les cuesta creerlo, les dejo capturas de pantalla:
martes, 12 de septiembre de 2023
Las garitas estaban ya en el siglo XVIII
Diario de Cádiz, en su edición digital, se hace eco de la polémica transformación de las garitas y escaragüitas en capillas, se puede leer aquí.
De los comentarios que se han publicado hasta ahora -treinta a las 19,02h-, que, mayoritariamente, tienen el tono agrio e inculto que suele ser habitual, solo quiero responder a uno, suscrito por "DaniBerkovitz", que afirma que las garitas se remontan a los años 50 -se sobreentiende que del siglo XX- tras una remodelación de las murallas. Está equivocado.
Como una imagen vale más que mil palabras, le pongo dos imágenes.
La primera, un dibujo, fechado por el ingeniero militar Ignacio de Salas en 1737, de la fachada de las Puertas del Mar construidas en 1735.
La segunda, un curioso grabado fechado en 1788, titulado "Vista de Cádiz por la parte del sur...", en la que también se ve la catedral "nueva" en construcción.
Las garitas no son falsas recreaciones del siglo XX, existían ya en el siglo XVIII.
lunes, 11 de septiembre de 2023
Lo que pasa cuando se tergiversa la historia
Recurramos a un ejemplo para intentar que se entienda qué ocurre cuando, por capricho, se tergiversa la historia.
Tras morir en septiembre del año 1900, el ayuntamiento de Cádiz, además de nominar la antigua calle del Correo con su nombre, decidió honrar la memoria de Vicente Rubio y Díaz colocando en la fachada del instituto Columela una placa en la que recordaba que había sido el primer director, del primer instituto provincial de Cádiz, inaugurado en 1863 en lo que habían sido dependencias del convento de San Agustín, en la calle san Francisco.
En enero del 2014, por decisión unilateral de un director y, al parecer, un claustro de profesores, y pese a la oposición manifestada de varias personas y colectivos, que señalaban el error que se estaba cometiendo, como se explicó aquí, el ayuntamiento presidido por Teófila Martínez accedió a cambiar de lugar la placa, colocándola en la fachada del actual instituto Columela, en la calle Barcelona.
La consecuencia es nefasta. El injustificable y caprichoso cambio provoca confusión, equivoca a visitantes y a gaditanos que desconocen la realidad histórica de la placa. He visto a gente señalando la placa, fotografiándola, incluso haciéndose fotos debajo de ella, creyendo que el edificio que alberga la placa es el original del que Rubio y Díaz fue director durante más de treinta años.
Por fortuna, y aunque pueda crear confusión, la ficha del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico mantiene la ubicación original, como se puede comprobar aquí.
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