Nunca hubiera imaginado que alguna vez iba a estar plenamente de acuerdo con JB Fernández, pero cuando declara que la sanción del PSOE a Marta Menéndez tiene visos de ser un asunto personal, que hay otros casos en los que los dirigentes socialistas no han actuado igual, que no han aplicado el mismo rasero, tiene razón.
No señalo a nadie, pero en el PSOE gaditano ha habido más de un caso de imputados a los que no se les ha apartado de nada, incluso se les ha prestado ayuda, legal y material.
Lo de Marta en la ejecutiva del PSOE es kafkiano, de diamante en bruto, a cero a la izquierda. Quizás algún día alguien lo pueda explicar.
viernes, 9 de mayo de 2014
martes, 6 de mayo de 2014
Aparca donde quieras, con filosofía
En la puerta de un centro público -Facultad de Filosofía y Letras-, donde hay cientos de personas, aparte de una falta de civismo, es una irresponsabilidad.
domingo, 4 de mayo de 2014
Arquitectura popular, en el centro histórico
Nueva arquitectura en el centro histórico, patrocinada por el Ayuntamiento de Cádiz
Sin que falte colaboración estatal
Bienvenido Mr. Marshall
Hoy, en la calle Sagasta, banderitas para atraer turistas.
Bromas aparte, muchos cruceristas por las calles, algunos en tiendas, aunque no sabremos hasta dentro de unos días si los comerciantes se han beneficiado de los cruceros. El puerto, con una imagen poco frecuente:
sábado, 3 de mayo de 2014
Concurso 30
A ver ésta, que como siempre está en Cádiz, ¿dónde?
Premio, ración de langostinos con manzanilla de Sanlúcar.
Premio, ración de langostinos con manzanilla de Sanlúcar.
Museo del Carnaval, quince años mareando la perdiz
En el BOE de 21 de octubre de 2002 se publicó la inscripción, en el registro de fundaciones, de la "Fundación 1884. Casa Museo del Carnaval de Cádiz", indicando que la Fundación se había constituido ante el notario de Cádiz, Federico Linares, según protocolo fechado el 19 de julio de 1999. Es decir, llevamos ya más de quince años mareando la perdiz del Museo, perdiz que se pone en la olla para guisarla cada vez que se aproxima un período electoral, como ocurre ahora.
Escribí en 2008 sobre el asunto, sobre cómo la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento recurrían al Museo como arma arrojadiza en períodos electorales y nuevamente se repite. La
Junta de Andalucía dice que ha cumplido dejando u solar disponible en el barrio de La Viña; el Ayuntamiento que con eso la Junta no cumple, y decide trasladar el museo a Guerra Jiménez, y el boceto presentado ha encontrado una amplia contestación en los medios de comunicación y redes sociales.
Y, naturalmente, todos se apuntan a ofrecer ideas sobre donde ubicar el museo. En el PSOE están divididos entre el Palacio Recaño y El Olivillo; IU dice que debe estar en La Viña, coincidiendo con el PA que pretende tirar de la historia y dice que debe estar en La Viña, arguyendo que allí nace el Carnaval, desconociendo que, en el siglo XIX y primeras décadas del XX, se decía que el Carnaval gaditano comenzaba en el Barrio de Santa María; UPyD que se instale en Valcárcel... Hay propuestas particulares, como la de Paco Rosado que propone los Depósitos de Tabacalera, propuesta que ha sido contestada con el argumento, poco consistente, de que el muso debe estar en el casco histórico. Yo me sumo a la nómina de proponentes y pongo sobre el tapete el antiguo instituto Rosario, en la calle de San Francisco.
Pero lo que tengo claro es que, después de 15 años, lo que caracteriza al museo de Carnaval es su función electoral, que convierte a la Fundación y al Museo en una mascarada carnavalesca y poco más: se derribó un edificio para, en su solar construir un museo, y ahora no se hace; se hizo un concurso de proyectos, que ganó el arquitecto Giles, que imagino se pagó, y no sirve ahora de nada; hubo otro concurso de diseño expositivo, también inútil ya, pese a que se pagó el trabajo; y en el PGOU no se contempla el museo, si no una guardería, incluso en su día se habló de viviendas y locales comerciales, por lo que ha habido que modificarlo a prisa y corriendo, aunque IU anuncia que alegará contra la decisión del PP.
Total, que, de momento, el Museo, como el propio Carnaval, es pura ficción, una máscara que se renueva electoralmente cada cuatro años. De lo que no se habla es del despilfarro de dinero público que se ha hecho: proyecto arquitectónico, proyecto de contenidos, solar vacío..., de eso nadie da cuentas.
Escribí en 2008 sobre el asunto, sobre cómo la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento recurrían al Museo como arma arrojadiza en períodos electorales y nuevamente se repite. L
Y, naturalmente, todos se apuntan a ofrecer ideas sobre donde ubicar el museo. En el PSOE están divididos entre el Palacio Recaño y El Olivillo; IU dice que debe estar en La Viña, coincidiendo con el PA que pretende tirar de la historia y dice que debe estar en La Viña, arguyendo que allí nace el Carnaval, desconociendo que, en el siglo XIX y primeras décadas del XX, se decía que el Carnaval gaditano comenzaba en el Barrio de Santa María; UPyD que se instale en Valcárcel... Hay propuestas particulares, como la de Paco Rosado que propone los Depósitos de Tabacalera, propuesta que ha sido contestada con el argumento, poco consistente, de que el muso debe estar en el casco histórico. Yo me sumo a la nómina de proponentes y pongo sobre el tapete el antiguo instituto Rosario, en la calle de San Francisco.
Pero lo que tengo claro es que, después de 15 años, lo que caracteriza al museo de Carnaval es su función electoral, que convierte a la Fundación y al Museo en una mascarada carnavalesca y poco más: se derribó un edificio para, en su solar construir un museo, y ahora no se hace; se hizo un concurso de proyectos, que ganó el arquitecto Giles, que imagino se pagó, y no sirve ahora de nada; hubo otro concurso de diseño expositivo, también inútil ya, pese a que se pagó el trabajo; y en el PGOU no se contempla el museo, si no una guardería, incluso en su día se habló de viviendas y locales comerciales, por lo que ha habido que modificarlo a prisa y corriendo, aunque IU anuncia que alegará contra la decisión del PP.
Total, que, de momento, el Museo, como el propio Carnaval, es pura ficción, una máscara que se renueva electoralmente cada cuatro años. De lo que no se habla es del despilfarro de dinero público que se ha hecho: proyecto arquitectónico, proyecto de contenidos, solar vacío..., de eso nadie da cuentas.
viernes, 2 de mayo de 2014
jueves, 1 de mayo de 2014
Las universidades contra los recortes en investigación y docencia
COMUNICADO DE LA CONFERENCIA DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (CRUE)
Se han cumplido dos años de la aprobación del RDL 14/2012, de “medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo”, una norma que modificó la Ley Orgánica de Universidades y afectó a aspectos tan sensibles como los precios públicos y la organización de la actividad docente. Las normas presupuestarias posteriores han afectado a los salarios, a los derechos laborales y a las expectativas profesionales de todos los empleados públicos y, por tanto, también a los de las universidades.
Los Reales Decretos sobre becas han cambiado su naturaleza de derecho por la de una ayuda por la que se compite, con requisitos académicos endurecidos que sufren quienes más las necesitan. Asimismo, las ayudas Erasmus han restringido también sus criterios de concesión en los últimos dos años.
En investigación, el menor presupuesto y la secuencia de las convocatorias aplicadas por el Gobierno de España y por algunos gobiernos autonómicos han comportado un elevado recorte efectivo de consecuencias irreparables para muchos grupos de investigación. Este entendimiento de la I+D+i como un gasto y no como una inversión contrasta con la política de los países más avanzados.
Los rectores consideramos especialmente dolorosas y difícilmente justificables, por su mínimo impacto económico, las medidas que afectan a los jóvenes. El incremento de los precios públicos de los grados y, muy por encima de ellos, el de los másteres, afecta a las posibilidades formativas de nuestros jóvenes en un momento especialmente negativo para el empleo. El acceso a la profesión académica se encuentra cerrado para ellos, salvo los resquicios que dejan las insatisfactorias tasas de reposición. Estas cercenan las perspectivas de los profesores universitarios en su carrera académica y minan la motivación para la mejora permanente en docencia e investigación. Las limitaciones normativas han provocado que las plantillas de profesores, investigadores y personal de administración y servicios se hayan llenado de figuras y plazas interinas y precarias, algunas recurridas por el propio Gobierno, que resultan inadecuadas para la función universitaria, docente, investigadora y de gestión.
Las medidas, según decía el RD 14/2012, eran excepcionales y se justificaron por la coyuntura económica del momento. Ante las afirmaciones de una perspectiva de mejoría económica en España, pedimos la supresión de las que vayan más allá de un ahorro racional y una gestión eficiente y austera, en el marco de los criterios presupuestarios que se fijen.
Los precios públicos de matrícula en las universidades deben ser accesibles y razonables en todos los niveles formativos. Debe recuperarse el sentido de las becas y ayudas como garantes de la equidad. Debe volver la autonomía de gestión de la actividad docente e investigadora de las universidades. Debe ser posible que éstas configuren ordenadamente sus plantillas, con fórmulas de renovación y promoción ajustadas a su realidad y a su planificación estratégica. Debe retomarse el apoyo a la investigación y a la innovación para regresar a una senda de crecimiento, basado en el conocimiento y la especialización inteligente y sostenible, que evite la pérdida de talento y aproveche la formación proporcionada.
La universidad española, como toda la universidad europea, afronta necesidades de adaptación de su sistema a una realidad social y económica que exige una modernización de sus estructuras y funcionamiento. Para poder abordarla, es necesaria la búsqueda de un amplio consenso social y político que debe empezar forzosamente por la recuperación de la normalidad en su vida académica, docente e investigadora. La consecución de estos objetivos nos implica a todos -agentes sociales, gobierno, comunidades autónomas y universidades- y es necesario conseguirlo en beneficio de la sociedad española.
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