El PP, la CEDA y el Frente Popular

La irrupción de Podemos en el panorama político nacional, junto al descenso del PSOE y, parece, de IU, han renovado los comentarios sobre una posible coalición de izquierdas, para enfrentarse al PP. De inmediato, desde sectores conservadores y de derechas, en el ámbito político y en los medios de comunicación, se ha recuperado el discurso catastrofista contra la formación de una alianza de izquierdas, lo que interesadamente califican de nuevo Frente Popular, para de esta forma, falseando la realidad histórica, afirmar que la alianza izquierdista en la Segunda República, el Frente Popular, fue la causa de la guerra civil, obviando, ocultando, que la guerra la inició en julio de 1936 una derecha incapaz de reconocer la derrota democrática en las urnas. 
Pero siendo falso el discurso -y en cuanto manipulación de la historia, despreciable- lo más llamativo es que se obvie que la actual derecha española hace años que hizo lo mismo que la derecha en la Segunda república, cuando se formó la Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA, en febrero de 1933, tres años antes que el Frente Popular, que se formó en enero de 1936. 
A la derecha española, que recurre a coaliciones de todo tipo cuando lo considera necesario para controlar el poder, le molesta la posibilidad de que la izquierda haga lo mismo, pues sabe que la unión de la izquierda los derrotaría en las urnas. Por eso saltan sus voceros cada vez que se rumorea una alianza izquierdista. Y por eso conviene recordar que el PP no es más que una interesada coalición de derechas, que empezó a gestarse, prácticamente, tras la muerte de Franco. 
Muerto el dictador, el gobierno de su fiel Arias Navarro incluyó a viejas glorias del franquismo y lo que se denominó "gente nueva" avezada en la administración franquista. El primer gobierno Suárez, tenido por el primero de la Transición, estaba formado, casi al 50%, con gente del gobierno de Arias: el propio Suárez, Calvo Sotelo, Martín Villa, Osorio, Pérez-Bricio y los cuatro militares. Y cuando se tuvieron que convocar las primeras elecciones, Suárez invento Unión de Centro Democrático, integrando a falangistas y burócratas del Movimiento, junto a democristianos, liberales e incluso socialdemócratas. Por su parte, franquistas de siempre formaron la Federación de Partidos Alianza Popular, coalición de los grupos fundados por Fraga, López Rodó, Silva Muñoz, Fernández de la Mora, Licinio de la Fuente, Martínez Esteruelas y Thómas de Carranza. El resultado electoral favoreció a UCD, seguida del PSOE, mientras que AP quedó como cuarta fuerza, por detrás del PC.

Tras las elecciones, la evolución de UCD y AP tiende a la convergencia. En 1978 los grupos que formaron la Federación de AP, excepto el de Silva Muñoz, constituyen el Partido Unido de Alianza Popular, y la Federación se amplía con el Partido Liberal de Ibiza y Formentera de Matutes. En 1979 AP propicia Coalición Democrática, plataforma desde la que Fraga pide a Suárez formar “una mayoría natural”, e integrar en AP-CD a los que no quieren “una España roja” ni “rota”.

En 1982 comienza la extinción de UCD. El sector más derechista se integra en AP, a la que se unen partidos como el Demócrata Liberal de Alzaga o la Unión Liberal de Schwartz. Suárez crea el Centro Democrático y Social y la UCD sigue con Calvo Sotelo. Sin embargo, en las elecciones de ese año se produce el gran vuelco: triunfa el PSOE, seguido de la coalición CD-AP, y queda como tercera fuerza UCD, quedando el CDS como un partido testimonial. Al año siguiente, de CD-AP surge Coalición Popular, que logra integrar a muchos militantes de UCD. Presidida por Fraga, AP mantiene su identidad, con Verstrynge de segundo, y el exucedista Miguel Herrero como uno de sus ideólogos.

Tras las elecciones de 1986 el resultado aclara el panorama: detrás del PSOE, Coalición Popular se confirma como la segunda fuerza, seguida del CDS. Además de la consolidación de los nacionalistas, aparece Izquierda Unida, coalición propiciada por el PC. Ante la mayoría absoluta del PSOE, en AP se plantea un cambio de estrategia, que, tras el fiasco de Hernández Mancha, provoca que en 1989, en el Congreso de la Refundación, surja el Partido Popular, y para las elecciones convocadas en octubre, un mes antes, se elige como candidato, a propuesta de Fraga, a José María Aznar. Pese a las premuras, el PP logra mantenerse como segunda fuerza, tras el PSOE. A partir de 1993 el CDS de Suárez se queda sin representación parlamentaria. Volvió a ganar el PSOE, seguido por con un pujante PP que superó el llamado “techo de Fraga”: 159 escaños socialistas por 141 populares; además de IU, con 18 diputados, el resto de los escaños se los repartieron partidos regionalistas.

El camino desde AP hasta el PP quizás había sido lento, pero exitoso. A fines de los ochenta el PP se reforzó con la entrada de pesos pesados de la UCD, como Otero Novas, Martín Villa o Marcelino Oreja, en un partido liderado por Aznar, que ya desde comienzos de los noventa reunía a casi todos los sectores de la derecha ideológica y social del estado español, sin contar los partidos nacionalistas y regionalistas, algunos de ellos socios del PP en sus respectivas demarcaciones. Los frutos se recogieron en 1996. El PP, como única fuerza de derecha, ganó las elecciones con 156 escaños. Las opciones de izquierda quedaron por detrás: el PSOE logró 141 e IU obtuvo 21, sin embargo la suma de sus votos superaban en más de dos millones a los del PP. Eran las tres únicas fuerzas con implantación estatal que obtenían representación; el resto, nacionalistas y regionalistas.
Desde entonces, ese es el panorama político de la derecha española, y ese es el éxito del PP, haber logrado un partido eficaz, disciplinado y aparentemente homogéneo, pese a la disparidad de los antecedentes ideológicos de muchos de sus militantes -desde antiguos seguidores de Fuerza Nueva, hasta liberales del Grupo Libra. Un partido que, sin embargo, no puede evitar que, de vez en cuando, algunos de sus militantes alardeen de tener en sus despachos fotos de Franco, ondeen la bandera del águila, o saluden, sonrientes y desafiantes, con el brazo en alto.  

España es un estado aconfesional

Que España es un estado aconfesional quedó establecido en la Constitución de 1978, que en el artículo 16, punto 3, dice: "Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones".

Pero el actual gobierno de España incumple el precepto constitucional. Lo hizo cuando conmemoró el décimo aniversario de la masacre del 11 de marzo de 2004 organizando una ceremonia católica, sin tener en cuenta que había víctimas, y por tanto familiares, de otras confesiones, a las que se obligó a asistir a una función religiosa ajena a sus creencias.

Y lo ha vuelto a hacer Rajoy en el funeral en memoria de Adolfo Suárez. Mariano Rajoy, a nivel personal, puede ir a cuantas ceremonias católicas quiera, incluso puede darse cilicio, pero el Presidente del Gobierno de España no puede, no debe, hacer la reverencia que Rajoy hizo ante Rouco.

 

Pinocho, político

Seguramente lo recordarán. A mediados del pasado mes de enero supimos que el Gobierno estaba preocupado por la imagen que tienen los españoles de los políticos, tan preocupado que, según se publicó en la prensa, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha encargado a Benigno Pendás, director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que el CEPC diseñe un plan, una estrategia, para mejorar la imagen de los políticos, para reconciliar a los ciudadanos con la clase y las instituciones políticas. La decisión se había tomado tras conocer que, entre los asuntos que más preocupan a los españoles, destacan, últimamente, la corrupción, el fraude y los políticos. Y tras conocer, también, que nunca, como hasta ahora, un presidente del Gobierno ha estado peor valorado desde que se inició la Transición, pues según las encuestas del CIS conocidas por las mismas fechas, Mariano Rajoy había obtenido un 2,78 de valoración ciudadana, mientras que la peor calificación de Rodríguez Zapatero, un mes antes de perder las elecciones, fue un 3,07, estando los dos bastante por debajo de las peores valoraciones obtenidas por Aznar, González o Suárez.

Creo que el encargo de la vicepresidenta es muy difícil de realizar. La imagen de los políticos, y más en concreto la del presidente Rajoy, no va a cambiar con las medidas que han apuntado desde el CEPC -que se resumen, básicamente, con tratar de fomentar la participación social dando voz a asociaciones y colectivos en asuntos que les afecten-, puesto que para que mejore la opinión sobre los políticos, lo que debería cambiar son sus discursos, esos mensajes que dan la impresión de que nos toman por tontos. Buena muestra de ello la han dado recientemente Fátima Báñez al calificar el exilio económico de los jóvenes de "movilidad exterior", Martínez Pujalte al culpar del último aumento del paro a Rodríguez Zapatero, a lo que Ruiz Sillero ha añadido, en el caso de Andalucía, a los treinta años de gobierno socialista, olvidando los tres que Rajoy dijo en 2010 que cuando él gobernara se acabaría el paro, que González Pons sentenció que el paro sube con el PSOE y baja con el PP, que Ana Mato afirmó que su partido es el del empleo, que Montoro anunció un programa reformista para crear empleo, o que Cospedal, con su desparpajo habitual, y mientras se olvidaba de declarar unos miles de eurillos a Hacienda, decía que crearían empleo para garantizar los servicios sociales. Pinocho, al lado de estos, un querubín.

Publicado en Diario de Cádiz, 27 de abril de 2013