Cristina Cifuentes y el piso de Pablo Iglesias

Cristina Cifuentes ha criticado a Pablo Iglesias Turrión por vivir en un piso de protección oficial, propiedad de su familia, a pesar de su nivel de ingresos.

Sin embargo, en el fragor de la denuncia aséptica y nada partidista, a Cifuentes, en un lapsus sin importancia, se le ha olvidado mencionar a diputados que, teniendo pisos en propiedad en Madrid, han estado cobrando dietas de alojamiento, con la excusa de que eran -y en muchos casos son- parlamentarios en representación de provincias.

Gente tan poco importante como Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, siendo diputado por Sevilla, propietario de tres viviendas en Madrid.
O Fátima Báñez, ministra de Trabajo, diutada por Huelva, con un piso en Madrid
O Rafael Hernando, portavoz del PP, diputado por Almería, con un piso en Madrid

Y así hasta 63 diputados en la legislatura 2011-2015 (41 diputados del PP, 20 del PSOE, 1 de CiU y otro de Coalición Canaria), sobresaliendo, de entre todos ellos, Elvira Rodríguez, que era por diputada del PP por Jaén, y propietaria de cinco viviendas en Madrid.

Apología del fascismo

La apología del fascismo no es delito en España, y no lo es por que el PP votó en contra de que lo fuera.

Cuando Ruiz Gallardón, a la sazón ministro de Justicia en el gobierno de Rajoy, planteó la reforma del Código Penal, se rumoreó que se incluiría un artículo según el cual, la apología del fascismo se castigaría con cárcel. Cuando se presentó el proyecto en el Parlamento, eso no era así, por lo que una iniciativa de CiU, pactada con el PSOE, UPyD y UPN, apoyada por el resto de los partidos de la oposición, fue rechazada por la mayoría del PP.

Por decirlo todavía más claro: una propuesta consensuada que instaba al gobierno de Rajoy a tipificar como delito conductas que impliquen "apología del franquismo, el fascismo, el totalitarismo o el nazismo", fue boicoteada, rechazada, por los diputados del PP, todos a una, sin excepción.

La apología del fascismo y nazismo es delito en Alemania, en Francia, en Italia..., pero no en España, como queda claramente explicado aquí.

Que la apología del fascismo no sea delito en España, es una muestra más del carácter ideológico del PP, que deja a España a la cola, por no decir en el estercolero, de los defensores de la democracia.

Dicho esto, opino que la defensa de la democracia no se puede realizar con actitudes que pueden degenerar en enfrentamientos violentos, que es lo que ocurre cuando se intenta impedir o estorbar, de forma manifiesta y en tono elevado, un acto en un espacio privado.

Se puede ser antifascista, es más, se debe ser antifascista, pero sin caer en actitudes similares a las que hay que desterrar. Un demócrata no puede comportarse como un totalitario, como un antidemócrata.

¡Ah!, y sobre José Antonio y el fascismo, lean la carta a Luca de Tena publicada en ABC el 22 de marzo de 1933. Y sobre el uso de la violencia, el famoso discurso del teatro de la Comedia del 29 de octubre del mismo año. Y en general, sus Obras completas, publicadas por el ministerio de Educación Popular en 1945.

Cuando les conviene, ningún diputado se queja

El titular de la noticia distrae: Wert da la mitad del dinero de la subvención a fundaciones, a la FAES de Aznar. Pero la noticia tiene mucha más miga, mucha más enjundia.

La oposición, empezando por el PSOE, protesta por los recortes en educación, en sanidad, en investigación -aunque después apliquen la misma receta donde gobiernan-, no hay dinero para investigar, por ejemplo el cáncer, no hay dinero para contratar maestros, no hay dinero para mantener el servicio sanitario al 100% en verano, no hay dinero para la tasa de reposición del profesorado que se jubila..., pero ningún partido protesta, ni renuncia, a la subvención pública para sus fundaciones privadas.

Un millón y medio de euros, de dinero público, para financiar fundaciones privadas: FAES (PP) 758.081 euros, F. Pablo Iglesias (PSOE) 405.000 euros, F. para la Europa de los Ciudadanos (IU) 94.412 euros, F. Rafael Campalans (PSC) 64.357 euros, F. Catalanista i Demócrata (CDC) 53.145 euros, F. Alkartasuna Fundazioa (Eusko Alkartasuna) 23.332, F. Sabino Arana (PNV) 22.619 euros, F. Institut d'Estudis Humanistics Miquel Coll i Alentorn (Unió) 17.720 euros, F. Josep Irla (ERC) 17.082 euros, F. Nous Horizonts (ICV) 14.663 euros. F. Galiza Sempre (BNG) 11.000 euros, Centro de Estudios Canarios Siglo XXI (CC) 10.040 euros, F. L'Alternativa (EUiA) 4.883 euros, y la F. Gaspar Torrente (CHA) 3.666 euros. La F. Progreso y Democracia (UPyD), que el año pasado obtuvo 84.375 euros, este año no ha solicitado subvención.

Ningún diputado se ha quejado de este dispendio de dinero público, en beneficio de fundaciones privadas, de un dinero que se resta a los servicios públicos para favorecer a los partidos que se sientan en las Cortes. Todos calladitos, ni uno solo protesta, no les interesa.

Políticos como jaqueca

Cuando el CIS publica sus informes sobre lo que piensan los españoles, hay resultados que ya no sorprenden por reiterados: el paro y la economía son las grandes preocupaciones. Y de un tiempo a esta parte los políticos, los gobernantes en todos los niveles de la administración y los partidos aparecen como un problema añadido, cuando deberían ser todo lo contrario. Buena muestra de ello es la debacle de prestigio y confianza en el PP. El partido y el gobierno de Rajoy han pasado, en poco menos de año y medio, de ser una esperanza para una mayoría de votantes, a convertirse en un problema para la gran mayoría de los ciudadanos, que perciben que la solución adoptada para la crisis que nos machaca ha sido castigar a los trabajadores, a los que les recortan salarios y derechos, en vez de sancionar a quienes han provocado la crisis, que además salen reforzados mediante rescates millonarios a la banca. Por eso impera un sentimiento de impotencia entre los españoles, que sospechan que la corrupción campa a sus anchas por el sistema de partidos, mientras se regula una amnistía fiscal para quienes, durante años, han estafado al erario público.

En este panorama, lo peor de todo es la sensación de no poder encontrar un referente político en el que confiar, pues se mire hacia donde se mire, se atisba un cargo público que entiende la política como una forma de amasar una fortuna. Solo hay que leer las noticias de un día: Blanco admite que parte de su nueva casa la pagó, para seguridad, el PSOE, presuntamente con parte de las subvenciones públicas; la familia Pujol está en el punto de mira de los investigadores; la trama Gurtel es una sombra, cada vez más grande, sobre actividades públicas y privadas del PP o de algunos de sus dirigentes; Bárcenas se ha convertido en una pesadilla para la cúpula de su partido y para el gobierno de Rajoy; se investigan los EREs andaluces, el caso Palau catalán, alcaldes del PP, del PSOE, de CiU, de UPN, de CC, de PNV, de IU, de casi todos los signos políticos, incluidos independientes, aparecen como imputados un día si y el otro también. Ni tan siquiera se salva la institución que, para algunos, fue baluarte de la Transición, la Monarquía, cada vez más empantanada por torpezas inapropiadas y sospechas de enriquecimiento irregular de algunos miembros de la familia. La indignación ciudadana crece y la protesta social aumenta, y los políticos se han convertido en permanente motivo de jaqueca para los españoles.

Publicado en Diario de Cádiz, 9 de marzo de 2013

De gilipollas, con perdón.

Puede que la primera foto sea de hace un par de años, de hecho yo la he recibido aludiendo a la alcaldía de Jordi Hereu, del PSC, y ahora el alcalde es Xavier Trías, de CiU, en cualquier caso creo que el sentido del mensaje no habría cambiado. 

El mensaje destacaba que el Ayuntamiento de Barcelona desea Feliz Navidad en árabe, ruso, chino, japonés, portugués y catalán, pero no en castellano, incluso añadía, con evidente malaleche, que uno de los idiomas es el árabe, "que como todo el mundo sabe, celebran la Navidad igual que los cristianos; además no hay que olvidar el "dialogo de civilizaciones" con los secuestrados catalanes por Al Qaeda en Mauritania".

Esta es la foto en cuestión:




Sin embargo, si se buscan imágenes de la decoración de Navidad en Barcelona, también se encuentra ésta, que tiene el mismo estilo, el mismo diseño:

Un intento de manipulación propio de gilipollas, con perdón. 

NOTA: Según el DRAE, gilipollas viene del caló, "gilí", y equivale a tonto, lelo. 

CiU, PNV y la Constitución de 1812

No comprendo que, salvo el PP y el PSOE, los portavoces de los grupos políticos en el Congreso de los Diputados, no hayan venido a Cádiz a la Cumbre Iberoamericana. La excusa de las elecciones catalanas me parece irrisoria. Y sin mencionar el papelón de Rosa Díez y Cayo Lara, he recordado que ya en el año 2005 los representantes de CIU y PNV -además de Ezquerra- no apoyaron la celebración del Bicentenario de la Constitución de 1812, cuando la propuesta de Rafael Román, consensuada con Jesús mancha, se presentó en la Comisión Constitucional el 18 de mayo. 

El portavoz de CiU, Campuzano i Canadés, justificó la abstención de los nacionalistas catalanes en que la Constitución de 1812 no refleja “los derechos colectivos de naciones como Cataluña” añadiendo que la conmemoración del Bicentenario podía suponer “una posible exaltación patriótica de una determinada concepción de España negadora de su carácter plurinacional”. Ante tal argumentación cabe recordar que, efectivamente, entre los primeros acuerdos que tomaron los constituyentes doceañistas fue declarar que la soberanía reside en la nación, refiriéndose ciertamente a la nación española; pero también hay que recordar que en el artículo 10 de la Constitución de 1812, al tratar del “Territorio de las Españas” se especificaban los antiguos reinos y territorios históricos nombrándolos de manera particular, incluyendo Cataluña y las “Provincias Vascongadas”, lo que cabe interpretar como un reconocimiento de las peculiaridades de los diversos territorios de “las Españas”. Como conviene recordar la atención y respeto con que se siguió desde 1810 las sesiones del Congreso Provincial de Cataluña, Congreso que en su sesión número 16 ordenó a los diputados elegidos en el Principado se dirigieran de inmediato a incorporarse a las Cortes que iniciaron sus sesiones en San Fernando.

Por su parte, el portavoz del PNV, Esteban Bravo afirmó que “para los vascos, aquel inicio constitucional supuso el comienzo evidente de los problemas de encaje dentro del Estado”, y que la Constitución de Cádiz “suprime... el autogobierno vasco”. Los argumentos del diputado vasco demuestran o un gran desconocimiento de la Historia, o una gran capacidad de reinvención de la historia. La Constitución de Cádiz, como escribieron gente tan dispar como Carlos Marx o Víctor Balaguer y afirmaron los propios constituyentes en el breve prefacio al articulado constitucional, se nutría de las antiguas leyes fundamentales de la Monarquía española, respetando muchas de las antiguas instituciones y privilegios de los territorios históricos. En el caso catalán, Pere Anguera demostró que en el propio Principado muchos pensaban que la Constitución gaditana era la recuperación de las viejas constituciones catalanas. Y para el caso vasco, José Mª Portillo, entre otros, ha recordado que todo el debate constitucional estuvo plagado de referencias forales y que incluso en el propio Discurso Preliminar la comisión redactora de la Constitución de 1812 afirmaba que lo que se había hecho era enlazar “con armonía y concordancia” lo dispuesto en las viejas leyes fundamentales y los fueros. Los fueros vascos fueron para los doceañistas un conjunto de libertades conservadas en las “Provincias Vascongadas”, cuyos principios mantenían gran semejanza con la Constitución de Cádiz. Como escribieron Carlos Forcadell y Virginia Maza, “el fuerismo liberal es hegemónico en el País Vasco durante la época isabelina y es el agente que mejor refuerza la unidad cultural y política en las tres provincias”. No fue, pues, la Constitución de Cádiz la que acabó con los fueros vascos. Los fueros vascos fueron abolidos en julio de 1876, tras el sostenimiento de la guerra carlista en las provincias vascas, aunque se mantuvo un concierto económico que las diferenciaba del resto del estado español.