No he encontrado estadísticas actualizadas sobre la eutanasia en España, en la página del ministerio de Sanidad solo encuentro la información hasta finales de 2024.
Desde que se aprobó la LORE en junio de 2021 hasta finales de 2024, se registraron de 2.432 solicitudes de prestación de ayuda para morir, de las que, menos de la mitad, 1.123 —el 46%— fueron efectivas. Los datos publicados sobre el año 2024 son significativos: hubo, entre solicitudes nuevas y anteriores con el proceso administrativo por finalizar, 929 casos, de los que 426 recibieron la prestación de ayuda para morir, lo que supone el 45,86%, mientras que un 33,15% de solicitantes fallecieron durante la tramitación, el 15,18% fueron solicitudes denegadas y el 5,81% fueron revocadas por el solicitante.
Conociendo estos datos me llama la atención con la frivolidad que se habla de ejecución en el caso de Noelia. Si su padre y los Abogados Cristianos no hubieran entorpecido su voluntad, alargando durante dos años el proceso, posiblemente no nos hubiéramos enterado, como no nos hemos enterado de que ha habido más de mil casos de prestación de ayuda a morir entre junio de 2021 y diciembre de 2024.
Se puede estar en contra de un derecho y, por lo tanto, no ejercerlo, pero lo que no se debería es intentar impedir a otro ejercer un derecho, ni por ideología, ni por creencia religiosa, convirtiendo lo que debería ser algo privado e íntimo, en noticia, casi en espectáculo. Frente a tanta opinión sesgada —incluida, dirán algunos, la mía—, remito al artículo de Francisco Andrés Gallardo en Diario de Cádiz.
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