Derechos torcidos

LAS denuncias y protestas por una actuación de la policía local de Cádiz, en los primeros minutos de la madrugada del pasado lunes 25, han marcado buena parte de la semana. Ya saben, algunos grupos traspasaron la jornada del llamado "carnaval chiquito", y después de las 24 horas seguían cantando por el centro de la ciudad. No parece que pretendieran instaurar un "lunes de coros chiquito", pero, al parecer, quejas de vecinos y de personal del servicio de limpiezas, motivó una intervención policial que, dicen, fue desmedida, incluso llegaron a denunciar a algún local de hostelería al encontrar supuestos clientes en la calle.

Los sucesos han provocado un debate ciudadano sobre la ocupación de la vía pública para fiestas y celebraciones, un debate extemporáneo ya que, en Cádiz, es habitual esa ocupación y casi nunca aparece la policía local para interrumpir la fiesta, ni para sancionar a un hostelero exigiéndole obligue a la gente a entrar en su local. Cualquier vecino de determinadas zonas del centro puede ser testigo, todos los fines de semana, de cómo hay gente bebiendo, charlando y armando jaleo en las inmediaciones de bares sin que la policía intervenga, como lo hizo en la madrugada del lunes. Y no será por llamadas de ciudadanos quejándose del ruido, que haberlas, las hay. Ocurre algo similar con los desfiles procesionales fuera de la programación oficial, que cada día abundan más, o los ensayos de aficionados a dichos desfiles, que no siempre cuentan con el permiso oficial. Pero en el debate ciudadano también se plantea qué pasaría si un vecino de la plaza del Palillero, por poner un ejemplo, denunciara las bandas de cornetas y tambores, o las dificultades para entrar y salir de su casa por el paso de las procesiones.

Pero lo malo de esta polémica es que puede ocultar el debate importante, el que debería girar sobre la aparente restricción de libertades que se percibe por la ciudadanía. Desde no hace demasiado tiempo vamos conociendo que a una chirigota, con una excusa más o menos peregrina, se le revisa el contenido de las pancartas, que quien lidera una protesta contra el paro en la ciudad recibe visitas de la policía local y es denunciado por un edil, como se denuncia a quien investiga la adjudicación de pantallas en la vía pública, o se intenta limitar la crítica a la situación de la vivienda en Cádiz … Si pudiera parecer exagerado decir que se restringen libertades, por lo menos da la impresión de que se están torciendo derechos.

Publicado en Diario de Cádiz, 2 de marzo de 2013