Dos notas sobre las elecciones

            Entre las muchas noticias que genera la campaña electoral a los ayuntamientos, hay dos que me han llamado la atención. Una negativamente; la otra muy positivamente.             Me sorprende, negativamente, que quienes participan en un proceso electoral democrático rechacen participar en un debate televisado por la principal cadena pública de Andalucía. La noticia saltó hace unos días y recogía, en resumen, que solo dos candidatos del Partido Popular a las alcaldías de las ocho capitales andaluzas, los de Málaga y Jaén, aceptaron debatir sus propuestas con adversarios políticos en el plató de televisión de Canal Sur; el resto recurrieron a enviar a otros miembros de su candidatura. La primera excusa expuesta es la socorrida "por motivos de agenda". Enseguida se ha apuntado a desacuerdos en la asignación de los tiempos pues, al parecer, en primera instancia podía favorecer a los socialistas, pero, tras las quejas del PP, Canal Sur modificó el criterio de manera que finalmente el PSOE abría el debate y lo cerraba el PP. La ausencia de cabezas de lista del PP provocó que también los socialistas enviaran a otros miembros de la lista. En el caso Cádiz, Teófila Martínez comunicó momentos poco antes de la grabación que en su lugar iría el número cuatro, Ignacio Romaní; por el contrario sí acudieron la candidata socialista Marta Meléndez y Sebastián Terrada por IU. Es sorprendente pues rechazar el debate es negar a muchos ciudadanos su derecho a conocer las propuestas electorales.

Me parece importante el documento que la Asociación ProDerechos Humanos de Andalucía ha publicado en plena campaña electoral, reivindicando "Municipios respetuosos con los derechos humanos". En los últimos años se ha reiterado, en los informes sobre la exclusión social en España, que la provincia de Cádiz tiene de las mayores tasas de exclusión de España, con datos abrumadores: casi un 10% de la población de la provincia vive en el umbral de la pobreza, de manera que aparece como una de las más pobres de las andaluzas y la de mayores índices de exclusión: drogadictos, inmigrantes, jóvenes en paro…,  que malviven en precario en medio de una sociedad consumista, pese a la crisis, mientras que los excluidos seguirán dependiendo de la caridad y los escasos recursos de los servicios sociales de unas administraciones públicas, que, por otra parte, son incapaces de desarrollar una verdadera política social y de empleo que acabe con esta situación. Es importante la exigencia de Derechos Humanos, pues no sólo hay que mirar hacia fuera, hacia situaciones ajenas que, evidentemente, hay que denunciar, también hay que mirar en nuestro entorno y denunciar situaciones cercanas que las administraciones que nos afectan y nos rigen deben corregir. Y en este período electoral es fundamental mirar con lupa qué municipios, como administraciones públicas, se comprometen a acabar con la exclusión social y la pobreza que nos rodea.
Publicado en Diario de Cádiz, 14 de mayo de 2011