La Junta destruye documentación histórica

DECLARACIÓN DE RECHAZO, Y SOLICITUD DE PARALIZACIÓN DE LOS HISTORIADORES ANDALUCES, A LA DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL POR PARTE DE LA CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

El pasado 3 de mayo de 2017, fue publicada una nota en la página web de la Junta de Andalucía de la que se hacía eco la prensa provincial, regional y nacional.  Se comunicaba que “cerca de un millón de expedientes judiciales antiguos y sin valor” sería “destruido para liberar espacio en los archivos”. En concreto, se especificaba que la Consejería de Justicia e Interior iba a “eliminar 966.460 expedientes judiciales carentes de valor contenidos en 20.077 cajas, tal como acordó el pasado 26 de abril la Junta de Expurgo, órgano integrado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y la Consejería de Justicia e Interior, con el objetivo de liberar espacio en los archivos de los juzgados y tribunales de la comunidad”. No era la primera vez pues, como se apuntaba en la nota, con este serán ya “cerca de cinco millones los documentos judiciales carentes de valor destruidos en Andalucía desde 2012, cuando se puso en marcha este proyecto para eliminar expedientes de juicios de faltas y diligencias previas de entre los años 1945 y 2000”.

Los historiadores y las historiadoras abajo firmantes queremos manifestar nuestro malestar por esta medida. No lo hacemos porque el procedimiento seguido no sea legal sino, al contrario, porque advertimos a la sociedad en general y a la Administración en particular que se está procediendo a la destrucción de una valiosa documentación histórica que es parte de nuestro patrimonio histórico.

Desde hace ya décadas, los investigadores recurrimos a la documentación judicial como vía de acercarnos al pasado. Ella es clave para conocer cuestiones concernientes al comportamiento de una parte de la sociedad, a diversas formas culturales y a aspectos invaluables de la vida cotidiana. La documentación relativa a las diligencias previas o a los juicios de faltas, objeto principal de la destrucción de la Consejería de Justicia e Interior, se ha demostrado fundamental para estudiar aspectos como las resistencias individuales, las condiciones de vida, la pobreza o la moral de las sociedades. Y lo es más todavía si pertenece a un periodo como el de la dictadura franquista, en la que las fuentes históricas estuvieron sometidas a estrecho control y censura por parte del régimen; pero también al periodo de la Transición española y los primeros años de la democracia, máxime cuando un buen número de investigadores/as está comenzando a recuperar lo sucedido en aquellos años desde una dimensión más sociocultural.

Por todo ello, los historiadores y las historiadoras abajo firmantes expresamos nuestro rechazo por la medida adoptada por la Junta de Expurgo de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, manifestando además la necesidad de paralizar inmediatamente la destrucción de esta documentación histórica. Somos conscientes que, por motivos económicos, no es posible conservar todos los documentos producidos por la Administración; pero también lo somos del valor patrimonial de los fondos objetos de expurgo. El pasado no es algo que esté escrito, sino que se elabora cada día desde el presente, atendiendo a las preguntas que, en cada momento, se hace la sociedad de la que formamos parte y a la que servimos. No nos será posible hacerlo si perdemos parte de las fuentes históricas, especialmente las que tienen que ver con los más humildes, con las clases sociales que en muchos casos están ausentes del relato histórico. Esa construcción histórica permanente merece un tratamiento diferente que compatibilice la falta de espacio con la necesidad de mantener viva, a través de las fuentes, el patrimonio de la memoria de una sociedad.