El argumento más repetido, entre los que propugnan y defienden la abstención socialista a la investidura de Mariano Rajoy, es que con un PP en minoría el resto de los grupos del Congreso podrían marcar el ritmo y la acción legislativa, anunciando iniciativas parlamentarias contrarias a lo que los peperianos defienden.
Creo que es un argumento falaz, es decir, aparente, pero tan difícil de cumplir, que se antoja falso. Y a los hechos me remito.
En este tiempo de interinidad gubernativa, el Congreso ha adoptado, al menos, diez acuerdos que no gustan al PP, entre ellos la retirada de la LOMCE o la Modificación del Estatuto de los Trabajadores, acuerdos que han sido vetados por el gobierno en funciones de Rajoy. Ayer, de los diez vetos, la Mesa del Congreso rechazó dos, precisamente los que he citado, lo que no significa que la decisión del Congreso se vaya a cumplir, sino que a partir de ahora se abre un amplio período de vetos y contra-vetos, que posiblemente termine en los tribunales.
Pero creo que hay una evidencia más contundente: desde que está en funciones, después de dos elecciones fallidas, el Congreso de los Diputados ha reclamado con insistencia que el gobierno comparezca ante la cámara para ejercer la norma constitucional de control del ejecutivo por parte del legislativo. Pero, desde hace más de diez meses, el gobierno de Rajoy se niega a comparecer con argumentos peregrinos, mientras que el Tribunal Constitucional, con su pachorra habitual, decide quien tiene razón.
¿Que el Congreso puede tomar decisiones y decidir la ruta política con un gobierno del PP en minoría...? De momento no lo parece.
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