La Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía ha eliminado -ha destruido-, cerca de 400.000 documentos fechados entre 1945 y 1998, y para decidir qué documentos hay que destruir se nombra una comisión en la que no hay ningún profesional de la historia, ni del patrimonio -aunque digan que hay un empleado de archivos.
Si las diligencias previas de una actuación judicial se pueden considerar expedientes sin importancia, la experiencia de varios trabajos de investigación demuestra que la documentación generada por los juicios de faltas, aportan información de gran interés para conocer la vida cotidiana y la mentalidad de una época.
La destrucción de esa documentación es una salvajada, propia de una administración inculta. ¿No tiene nada que decir la Consejería de Cultura?
El argumento esencial parece ser económico: se destruyen documentos por considerar que es muy caro mantenerlos. El ahorro se calcula en torno a 157.000 euros, es decir, lo que aproximadamente ganan dos o tres cargos nombrados a dedo al año.
Con los criterios de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía para destruir documentos judiciales, hubiese sido imposible, por ejemplo, hacer la historia de la Inquisición en España; o intentar recuperar la memoria democrática de los andaluces.
¡Qué salvajada! ¿En manos de quién está la historia judicial de Andalucía?
(En la imagen, La quema de libros de Juan de Juni, Museo de León)
Con las tesis que has dirigido utilizando documentación similar a esta y las que se podrían seguir haciendo...
ResponderEliminar¡Qué falta de sensibilidad cultural, patrimonial y democrática!
Que incultura la mía que no sabía que estas cosas se hacían. Aunque imagino que mayor incultura tienen los que mandan hacer estas cosas...
ResponderEliminarY al menos ¿no sé podrían haber digitalizado antes?
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