JB y la legalidad

Que José Blas Fernández anuncie la intención de impugnar el próximo Pleno Municipal por un supuesto defecto en la convocatoria, no es más que una muestra de su talante antidemocrático.

El argumento es tan ridículo, como irregular: JB había pedido que las comunicaciones de convocatoria del Pleno se enviaran a su despacho laboral, en horario de 9 a 13 horas, y se ha negado a recibir la comunicación en su domicilio particular. JB, que lleva de concejal desde 1983, debería conocer la normativa legal, que ordena que la comunicación se haga en el domicilio de los concejales. 

Así lo indica, expresamente, el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre («BOE» núm. 305, de 22 de diciembre de 1986), en su artículo 80, punto 3º dice: "La convocatoria, orden del día y borradores de actas deberán ser notificados a los Concejales o Diputados en su domicilio".

Por su parte, el propio ayuntamiento de Cádiz, en su página web, siguiendo la normativa vigente, indica, en el epígrafe dedicado a la "Convocatoria y orden del día de las sesiones" del pleno que "la convocatoria a las sesiones con el Orden del Día correspondiente, se notificará por el Secretario en tiempo y forma a los miembros corporativos en su domicilio".  

Exigir que se le comuniquen las convocatorias en su despacho laboral es irregular, va contra la ley y el reglamento del propio ayuntamiento, y el Secretario de la Corporación debería habérselo recordado. Y decir que la policía local ha vulnerado la Ley de Protección de Datos por averiguar su domicilio es ridículo, puesto que el concejal debe comunicar al ayuntamiento su domicilio para que le lleguen las convocatorias.

Por todo ello está claro que lo único que pretende JB -no se sabe si con la aquiescencia del resto de los ediles del PP-, es bloquear el funcionamiento del ayuntamiento. Y por eso no le falta razón al alcalde cuando denuncia "chantaje antidemocrático" de JB.