Reforma fiscal y prescripción del delito

Es habitual en los partidos políticos españoles anunciar, antes de las elecciones, una reforma fiscal, incluso hacerla. Si son los del PSOE, anuncian una reforma fiscal para que paguen los que más tienen, aunque luego siempre limitan el pago en un porcentaje adecuado para que, los que más tienen de verdad, no se enfaden demasiado. Si son los del PP, con la excusa de que rebajar impuestos es cosa de liberales, los rebajan, pero siempre resulta que la mayor rebaja se la hacen a los que más tienen. Al final, como siempre, son los funcionarios -somos los funcionarios- los que mantienen el cotarro, los que pagan religiosamente los impuestos, a los que se les congela el sueldo, o se les rebaja, como hizo Rodríguez Zapatero, en su medida estrella contra la crisis.

Pero, curiosamente, hay una medida fiscal en la que casi todos los partidos y grupos parlamentarios, y claramente los que han gobernado España desde 1978 -UCD, PSOE y PP-, han estado de acuerdo: la prescripción del delito fiscal transcurridos cinco años desde su comisión.

Hablando claro. Si un ciudadano tiene hambre y roba tres gallinas, en función de la calificación del delito, y por tanto de la pena que puede acarrearle, es posible que a los seis años de haberlo cometido no haya prescrito; pero si evade tres millones de euros, o los defrauda a hacienda, es decir, se lo roba a todos los españoles, a los cinco años el delito ha prescrito, sin matices.

Creo que la verdadera reforma fiscal, la que puede devolver la credibilidad a la clase política española, es la anulación, derogación de la norma que establece la prescripción del delito fiscal. Quien le roba a los ciudadanos, quien nos roba a todos, no puede jugar con plazos para legalizar su latrocinio, no debe confiar en que el tiempo condona su delito.

Pero, la verdad, no creo que ningún partido de los que han gobernado, o pueden gobernar lo hagan. A las pruebas -EREs, Bárcenas, Gurtel, Pujol, cursos de formación...- me remito.