Cádiz cuenta, en su casco antiguo, con uno de los más armoniosos, bellos y mejor conservados conjuntos urbanos del mundo. Especialistas, como Fernando Chueca, lo han comparado al de ciudades tan famosas como Brujas, Florencia o Venecia; y Chueca se ha lamentado de que ni entre los españoles, ni tan siquiera entre los gaditanos, se le de el valor que merece.
Algo
de ello debe haber. A principios de los setenta se planteó la posibilidad de
declarar a Cádiz conjunto histórico artístico, opción que fue
rechazada, incluso, por la alcaldía al considerar que perjudicaría el desarrollo económico de la ciudad. Y cuando años más tarde, el
ayuntamiento aprobó la desaparición de la publicidad de plástico y luminosos,
que sobresalía de las fachadas afeando la visión de las calles, las protestas
abundaron, y ante la negativa a seguir la orden municipal, el propio
ayuntamiento tuvo que ejecutar las obras.
Recientemente
un colectivo ha iniciado una encomiable campaña en el intento de lograr la
declaración de Cádiz como PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. En su cruzada, han
recabado apoyos institucionales y particulares, ayudas que, por regla general,
se han convertido en manifestaciones favorables, y con las que se ha logrado
iniciar el expediente de declaración.
Pero
el camino seguido hasta ahora, con ser elogiable y de agradecer, no es
suficiente. Para lograr la meta planteada, es necesario que las
administraciones públicas competentes se impliquen de verdad, que demuestren,
no sólo con palabras, que apuestan por la declaración y que laborarán por
conseguirla con prontitud. Una declaración que, indudablemente, puede reportar
grandes beneficios al conjunto de la ciudadanía, pero que supondrá una serie de inconvenientes para muchas acciones de la administración y de
particulares.
El
Patrimonio artístico e histórico es una riqueza universal, y su reconocimiento
oficial por instituciones nacionales y supranacionales obliga a acciones que
aseguren su conservación y disfrute por todos. También nos obliga,
colectivamente, a un compromiso de conservación y de transmisión a generaciones
futuras del legado histórico.
La
ley del Patrimonio español es suficientemente explícita en este sentido. Por
ejemplo, define expoliación de forma clara: "toda acción u omisión que
ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o algunos de los valores de los
bienes" que forman parte del Patrimonio.
La
declaración de Patrimonio de la Humanidad comporta la exigencia del
mantenimiento de la estructura urbana y las características generales del
ambiente de la ciudad; en consecuencia, se restringen y vigilan las licencias
de obras, se impide ejecutar labores que supongan una alteración de los
inmuebles, se reprime la disposición de publicidad comercial que afecte al
entorno, se limita el uso indiscriminado de vehículos, etc.
Por
tanto, lo que se hace imprescindible es saber si las administraciones y los
particulares están dispuestos a la declaración, con todas sus ventajas e inconvenientes; o conocer si el apoyo decidido a la declaración
llegará cuando Cádiz esté saturado de horteras artilugios publicitarios, de
alteraciones de obras monumentales y de facilidades para la
circulación y aparcamiento de vehículos en el casco viejo de la ciudad.
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