INFRAVIVIENDA Y ABANDONO

Ese era el título del primer artículo que publiqué, en septiembre de 2004 en "Calle Ancha", columna sabatina de Diario de Cádiz. Una década después lo retomo, tal cual, tras leer las denuncias vecinales sobre la dejación de obligaciones, de la Junta y del Ayuntamiento, en materia de vivienda.

Se cae un techo en Cádiz, y todos miran al frente, o mejor, al de enfrente. En los últimos nueve meses, informaba Diario de Cádiz el pasado miércoles, se han producido treinta y cuatro derrumbes, y las administraciones que están implicadas en el asunto, es decir, en que los ciudadanos tengan una vivienda digna y en condiciones, y responsables, también, de la conservación del patrimonio inmueble –y más en una ciudad como Cádiz, con un casco histórico digno de mejor suerte y más amable trato y conservación-, miran al de enfrente. El Ayuntamiento dice que la culpa es de la Junta de Andalucía, y los representantes de la Junta acusan al gobierno municipal de ser los responsables. Y los ciudadanos a verlas venir, impotentes ante tanta dejadez y majadería, cansados de que se utilice su desgracia con fines partidistas.

Da la impresión de que los cargos públicos y los responsables locales del Partido Socialista y del Partido Popular han olvidado que están ahí, unos en el gobierno de la comunidad andaluza, otros en el de la ciudad, para procurar el bienestar de los ciudadanos, y no para aumentar su congoja con inútiles disputas. No le falta razón a Gervasio Hernández Palomeque cuando, desde su solitaria minoría, recuerda a los partidos que ejercen el poder en Andalucía y en la capital gaditana, que su tarea no es la disputa, que la tarea de los políticos, de esos políticos a los que los ciudadanos han otorgado su confianza, es buscar soluciones a los muchos problemas que existen en nuestra ciudad, y no el acoso y derribo del contrario, que de eso ya se encargan los propios ciudadanos con su voto.

Por si alguno de nuestros representantes lo ha olvidado, la Constitución de 1978 dice en su artículo 47 dice: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. 

Cuando se cae un techo, cuando un socavón se lleva una casa por la desidia del constructor de la finca vecina, cuando las obsoletas –y peligrosas- instalaciones eléctricas provocan un accidente, lo que la ciudadanía espera son soluciones inmediatas y garantías de que eso no volverá a ocurrir. Y si para eso los políticos deben guardarse sus simpatías y antipatías, y negociar entre las respectivas administraciones llegando a acuerdos que beneficien a los ciudadanos; con eso no hacen sino cumplir con su obligación. Por eso, los que en nuestro nombre administran los bienes de la comunidad no deben olvidar que son sólo eso, administradores con “contrato temporal”, un contrato que se revisa para su hipotética renovación cada cuatro años.