Cádiz, único

POR mucho que creamos que la conocemos, Cádiz es Cádiz y siempre nos sorprende. Hace ya casi treinta años un colaborador de la extinta Fundación Gaditana del Carnaval propuso organizar, en el tablado de la plaza de San Francisco, un concurso de charangas y chirigotas callejeras o ilegales. El argumento era sencillo. Las charangas y callejeras no participaban en el concurso oficial del Falla, de ahí que recibieran el nombre de ilegales, de manera que sin perder su identidad se les podía organizar un concurso "no oficial" en la calle. Inmediatamente surgieron unas normas "mínimas" que deberían cumplir quienes acudieran a ese concurso "no oficial" y se establecieron premios. Por suerte, la iniciativa fracasó, pues, pese a que algunas charangas y callejeras entraron al trapo, pronto se generalizó un rechazo a lo que, en el fondo, era un nuevo concurso oficial.

He recordado lo que les cuento al leer que las agrupaciones callejeras, las ilegales que no participan en el concurso del Falla, se han reunido, han formado una especie de comité de coordinación y han solicitado, oficialmente, una entrevista con la alcaldesa para tratar sobre lo acontecido en la madrugada del lunes 25 de febrero, cuando la policía local de Cádiz, a instancias de algunos vecinos y personal del servicio de limpieza, impidió que alguno siguieran cantando por el centro de la ciudad después de las 12 de la noche del domingo. La intervención policial, seguida de denuncias entre las dos partes, provocó un par de manifestaciones de protesta en la plaza de San Juan de Dios, y la petición de la reunión con la alcaldesa para tratar sobre la aparente restricción de derechos y libertades que supondría la actuación policial.

Si la petición parece innecesaria -los derechos constitucionales se ejercen, no se negocian-, la respuesta municipal, de la alcaldesa, es sencillamente genial, para figurar en una antología de habilidad política. Teófila Martínez recibirá a la comisión de ilegales con la condición de que reconozcan previa y públicamente que "en Cádiz no hay ningún problema de libertad de expresión ni de pérdida de derechos cívicos", ya que el Ayuntamiento no puede "admitir que en Cádiz hay falta de libertad". Es decir, la alcaldesa acepta tratar con las ilegales el problema, siempre y cuando antes de la reunión reconozcan que el problema no existe. Una respuesta que, en sí misma, es puro Carnaval.
Publicado en Diario de Cádiz, 23 de marzo de 2013