Vigencia del republicanismo

Retomo, hoy, 14 de abril, la idea de un artículo publicado en los periódicos del Grupo Joly en abril de 2006.

            Una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección 9ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, del 15 de diciembre de 2003, ha dictado que la exhibición pública de la bandera republicana tricolor es un derecho constitucionalmente reconocido, pues con ello lo único que se está expresando es una posición ideológica, argumentando además que “la democracia implica pluralismo, ampara la discrepancia y las formas en que esta pueda manifestarse”, y que siempre que la expresión de una ideología sea respetuosa con las demás, “debe respetarse y protegerse”. Con esta sentencia los magistrados concluían el contencioso surgido cuando en las fiestas patronales de Torrelodones el año 2002, el alcalde de la localidad madrileña ordenó retirar la bandera republicana que Izquierda Unida había instalado en el chiringuito que regentaba en el recinto ferial argumentando que su exhibición podía generar la alteración del orden público. Año y medio después el Tribunal afirmaba que tal orden municipal había vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución Española en sus artículos 16.1 y 20.1.

No está de más recordar esta sentencia cada vez que algunos protestan cuando, en algún acto público, alguien enarbola la bandera republicana, como ocurrió en la calle Santa Inés el pasado 19 de marzo. 

Los que les molesta la bandera republicana son los mismos que siguen calificando al régimen republicano de sectario, extremista y asesino. Aquellos que repiten el viejo discurso de que la guerra iniciada en julio de 1936 no fue más que la consecuencia natural de la implantación de la República, un discurso elaborado en plena contienda por quienes fueron los verdaderos culpables del comienzo de la Guerra Civil, y revitalizado durante los últimos años por una serie de seudohistoriadores y publicistas que tratan de reinventar la historia reciente de España. La operación, política y propagandística, trata de hacer olvidar que la guerra la iniciaron un grupo de militares que traicionaron su compromiso de defensa del Estado, poniéndose al servicio de una vieja oligarquía reacia a perder el control del cortijo español, control de la vida de los españoles que la acción de un régimen democrático les iba a arrebatar.

La proclamación de la Segunda República, tras el abandono de España de Alfonso XIII, fue acogida con entusiasmo por una gran mayoría de españoles que veían en ella la instauración de un régimen democrático. Ese sentimiento, el de la llegada de la democracia, fue el motor principal de las manifestaciones festivas de abril de 1931, movidas por la sensación de que, al fin, la voz de los ciudadanos tendría valor tras años de elecciones y sufragios amañados. Se abría entonces un camino difícil, con bastantes escollos que superar, que exigía una profunda reforma de las estructuras sociales, económicas y políticas de España, viciadas tras años de manipulación por la vieja burguesía oligárquica de la Restauración. Un proceso reformista cuya principal baza fue la de mejorar el nivel educativo y cultural de los españoles. La acción desplegada durante los cinco cortos años de vida de la República, con la apertura de varios miles de escuelas públicas por toda España, el reforzamiento del prestigio de maestro como medida impulsora de la libertad de pensamiento de los españoles, las campañas culturales a las que se sumaron voluntariamente artistas e intelectuales, formaban parte de una estrategia que sólo buscaba la mejora cultural de España y los españoles para hacerlos más libres y más comprometidos con los valores democráticos.

Sin duda por ello se puede y debe recordar la Segunda República –pese a errores cometidos, que los hubo- como una etapa en la que España comenzó a caminar por la senda de la democracia, un camino cortado de raíz por las armas de lo militares sublevados contra la libertad de los españoles tras las elecciones de 1936. Por eso, por lo que supone de precedente democrático -y sin que se deje de reconocer la labor de los hombres de la Transición y la Monarquía parlamentaria han realizado en el misma línea-, se puede reivindicar la vigencia de los valores republicanos, pese a que a algunos les moleste.