Transparencia

            El 24 de febrero de 1811 las Cortes iniciaron sus sesiones en el Oratorio de San Felipe. Dos días después, José Canga-Argüelles, Secretario del Despacho de Hacienda, presentó, por primera vez, para su lectura en las Cortes “el estado de la Tesorería general”, un informe sobre las cuentas públicas, sobre los gastos e ingresos controlados por el gobierno de la nación. Los diputados oyeron “con satisfacción y agrado” el informe y, a propuesta de Agustín de Argüelles, decidieron que se publicara entero en el Diario de las Cortes, al considerar que era “muy conveniente que la Nación sepa no solo lo que ha sufrido y puede sufrir, sino que tiene en sus manos los recursos para salvarse”. Se trataba de un primer ejercicio de transparencia con las cuentas públicas, que se convertiría en norma en las Cortes gaditanas.   

            Conviene recordar este hecho cuando, a diario, nos desayunamos con noticias sobre corruptelas, derroches, apropiaciones indebidas, cohechos, enchufes, multiplicación de asesores, desvío y malversación de fondos públicos, etc., en todas las esferas de la administración, desde un municipio de apenas mil habitantes, hasta la administración estatal, pasando por empresas públicas, diputaciones y administraciones autonómicas. Tenemos que ser conscientes de que no ocurre con todos los organismos de la administración, es más, que la inmensa mayoría de los políticos son gente honrada, que, como ya escribí en otra ocasión, hay unos 67.000 cargos electos en España, frente a unos 230 casos de corruptelas denunciados. De cualquier forma son muchas, demasiadas, y escandalizan a la ciudadanía, que no puede entender tantos casos como salpican la geografía nacional: Palma-Arena, Gurtel, Fabra, Palau, Mercasevilla, los ERES andaluces, o Rodríguez de Castro, sin olvidar los frecuentes fraudes urbanísticos.

            Es evidente que hay que buscar una solución, además de perseguir sin descanso a los corruptos, a los que engañan a la población, a sus votantes. Y la solución está en la transparencia de las cuentas públicas, en que la ciudadanía tenga acceso directo y rápido a los presupuestos de las administraciones, de todas las administraciones públicas y a su ejecución, a cómo se recauda y gasta el dinero de todos. Si los diputados reunidos en Cádiz decidieron en 1811 que las cuentas de la Tesorería general se publicaran en el Diario de las Cortes, en la actualidad hay más y mejores medios para hacer las cuentas transparentes. Por ejemplo, Antonio B. propone una medida que, quizás, no evitaría todas las trampas, pero las dificultaría bastante: que las cuentas de todas las administraciones publicas sean visibles en línea, que estén en la red, en la página web de las administraciones, con actualización diaria, y publicación de un resumen semanal, que se podría repetir en el BOE, en el BOJA, o en la publicación correspondiente de cada administración. Sería más barato que crear un cuerpo de auditores para fiscalizar las cuentas semanalmente..., que es otra posibilidad.

Publicado en Diario de Cádiz, 25 de febrero de 2012.