ANOCHE, un antiguo alumno, hoy amigo y compañero de afanes de investigación, escribía en mi blog: "¿Recuerdas que hace un par de días contabas cuando la policía te pedía el carnet en aquellos tiempos que parecerían en blanco y negro si no fuera porque "Cuéntame..." insiste en recordarnos que eran en color? Esta tarde noche, otros policías mejor pertrechados que los de aquellos tiempos, insistieron en recordarnos que nuestros tiempos son más en blanco y negro de lo que creíamos, y también nos pidieron el carnet a los que pasábamos por la facultad".
Se refería, en primer lugar, a una conversación que mantuvimos el lunes, tras la conferencia de Carlos Martínez Shaw en la inauguración del máster de Estudios Hispánicos de la UCA, en la que yo recordaba el 25 de abril de 1975, día en que se celebraba en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla el aniversario de la "Revolución de los claveles" en Portugal. Había terminado un examen de Geografía y me encontré gente corriendo por los pasillos de la Facultad, tras la entrada de la, entonces, Policía Armada, los grises, para impedir la celebración de los actos programados ese día por el colectivo de alumnos, a los que pensaba sumarme. Tras varios acontecimientos que no cuento ahora, salimos de la Facultad y nos encontramos con un cordón policial ante el que había que enseñar el carnet, que anotaban, y nos perdimos por Sevilla.
No pude acudir ayer a la intervención de Grande-Marlaska y Ridao en la facultad de Filosofía y Letras de mi universidad. No obstante, por las referencias directas de algunos asistentes y por la información de prensa y videos que ya circulan por la red, creo que puedo tener elementos para opinar. En primer lugar, no comparto que alguien pueda interrumpir un acto organizado con la pretensión de defender sus derechos. Quitar la palabra a los intervinientes en el acto de ayer en defensa de una opinión, o los derechos de una minoría, menoscaba el derecho y la libertad de expresión del que estaba en uso de la palabra e, incluso, de los organizadores del acto y del público que voluntariamente acudió. Y que ese acto estuviera patrocinado y financiado con dinero público, en ningún caso da derecho a interrumpirlo y alterar su orden. Si el dinero público está mal utilizado hay otros medios legales para denunciarlo.
Pero, por otra parte, la durísima intervención de la policía a las puertas del salón donde se celebraba el acto, me recordó, en 2012, lo ocurrido en el año 1975. Ya entonces se denunció que la entrada de la policía en un recinto universitario no podía ocurrir sin permiso de la autoridad académica. Y, sin ser experto en derecho, me pregunto si no hay que aplicar a los centros universitarios el artículo 18.2 de la Constitución española de 1978, que dice: "El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito".
Publicado en Diario de Cádiz, 14 de enero de 2012.
Resultó detenido un alumno de la Facultad miembro del colectivo Valcárcel Recuperado.
ResponderEliminarEl rector ha pedido explicaciones a la Subdelegación del Gobierno. Al parecer, algunos policías antidisturbios alegan haber sido agredidos. Se podrían haber dicho muchas más cosas en esta columna, aunque no obstante creo que muchos de tus lectores te agradecemos la mención crítica a ese dislate autoritario.