Las diputaciones

Parece que fue Felipe González quien, entre las medidas para paliar la crisis, sugirió la desaparición de las diputaciones provinciales. Y la propuesta fue acogida por Pérez Rubalcaba, que ha calculado un ahorro de mil millones de euros con la supresión de estos organismos provinciales, calificados de intermedios. El candidato Rubalcaba ha argumentado que de los cuatro niveles que tiene la Administración pública española –“el Estado, las comunidades autónomas, las provincias y los Ayuntamientos”- las diputaciones forman parte de una estructura del siglo XIX que hay que replantear. Desde el PP, Rajoy ha aceptado que hay que reformar la administración reduciendo organismos públicos duplicados en sus funciones, y otros dirigentes han apuntado que desde el PSOE se propone la supresión de las diputaciones cuando, tras las últimas elecciones, han dejado de gobernar en muchas, de manera que hoy apenas gobiernan en ocho.

            No tengo clara la solución al problema, aunque es evidente que la administración pública española ha engordado mucho en las últimas décadas, pero no creo que por culpa de las diputaciones. Las diputaciones, que surgen legalmente con la Constitución de 1812 –parece un sarcasmo suprimirlas cuando llega el bicentenario de su creación-, nacieron para acercar la administración a los ciudadanos. El artículo 335 de la Constitución gaditana estableció sus funciones entre las que incluye el reparto de las contribuciones provinciales y velar por la inversión de los fondos públicos de los pueblos,  promover la educación, fomentar la agricultura, la industria y el comercio, denunciar posibles abusos en la administración de las rentas públicas, incluso debían dar parte a las Cortes sobre infracciones de la Constitución. Si en principio tuvieron esas funciones, pronto su papel se fue adulterando, dejándolas casi sin competencias. Como ejemplo, podemos recordar que el artículo 4º, en su punto 4º, del anterior Estatuto de Autonomía para Andalucía -LO 6/1981, de 30 de diciembre-, decía: “la Comunidad Autónoma articulará la gestión ordinaria de sus servicios periféricos propios a través de las Diputaciones Provinciales”, de lo que se podía deducir que, junto con el traspaso de funcionarios de la administración estatal prevista en la disposición transitoria segunda, se cubría la administración provincial, sin necesidad, como se hizo, del nombramiento de nuevos órganos administrativos provinciales. En la actualidad las diputaciones tienen muy pocas competencias y de hecho tan solo se dedican a distribuir dinero entre pequeños municipios para distintos gastos e inversiones en carreteras, alcantarillado o infraestructuras de medioambiente.

            Dicen todos que hay que reducir la administración para ahorrar dinero, pero lo que no tengo claro es que tengan que ser, precisamente, las diputaciones; podrían ser otros organismos públicos con menos historia, por ejemplo, las delegaciones provinciales de la Junta, o cualquier otro que se les ocurra.

Publicado en Diario de Cádiz, 10 de septiembre de 2011